Abogados ambientales piden un cambio de rumbo tras la investigación de Bruselas a España por las ayudas al carbón

Publicado en dic 28 2017 - 10:16am por Energía Diario

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) reclama al Gobierno medidas “urgentes” y un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón después de que la Comisión Europea haya abierto una investigación a las ayudas estatales por un total de 440 millones de euros desde 2007 para estas centrales bajo el nombre de “incentivo medioambiental“.

Precisamente, la Comisión Europea señala que estas ayudas se han otorgado a estas centrales sin instalar los sistemas de desulfutación para poder cumplir los límites de emisión de óxidos de azufre que exige la normativa europea y que son obligatorios. Bruselas duda de que estas ayudas supongan un incentivo para que estas centrales redujeran sus emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente ya que solo se destinaban a cumplir con los niveles de emisión obligatorios establecidos por la Unión Europea. Por ello Bruselas anunció una investigación ante la sospecha de que las ayudas del Gobierno son ilegales.

El IIDMA recuerda que las emisiones de la producción de energía con carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros, y daños irreparables al medio ambiente. La directora del IIDMA, Ana Barreira, denuncia que este tipo de pagos violan el derecho de la Unión Europea sobre Ayudas de Estado y critica que el Gobierno sabe que apoyar el carbón y las centrales térmicas no responde a exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente. También recuerda que la mayoría de países occidentales están impulsando el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir el Acuerdo de París.

La falta de planificación y visión a medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde ONGs a la propia Comisión Europea. El respeto al Estado de derecho es fundamental en la transición energética”, concluyó.

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