Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

Publicado en ene 22 2019 - 10:20pm por Energía Diario

Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que “defienda el dinero público” y aborde “con responsabilidad” los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del “fiasco” del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético “fallido”.

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de “rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo”. Ante esta situación, ha reclamado “un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público”.

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que “el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores”. “Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen”, ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha “nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta“. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a “los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera”.

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

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