Dolors Montserrat afirma que el bono social ayuda a las CCAA a detectar nuevos consumidores vulnerables

Publicado en nov 7 2017 - 1:15pm por Energía Diario

Europa Press.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha defendido que el Real Decreto que regula el nuevo bono social eléctrico coordina las ayudas entre las distintas administraciones, lo que permite a los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas identificar a los nuevos consumidores y a familias en situación de vulnerabilidad que no habían detectado anteriormente.

Así lo ha afirmado este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, tras la acusación de la senadora socialista Matilde Valentín Navarro, quien ha apuntado que el Real Decreto del bono social “invade competencias de las comunidades autónomas y deja recaer sobre los ayuntamientos cargas económicas que son competencia de los servicios sociales”.

Por su parte, Montserrat ha argumentado que el bono social es “un eslabón más” en la cadena de protección a los más vulnerables y “un ejemplo de solidaridad colectiva”, ya que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos trabajan conjuntamente para proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“El bono social complementa las ayudas sociales a las comunidades autónomas y desde el Gobierno hemos incrementado en 25 millones de euros el presupuesto para la protección de los más vulnerables, sumando un total de 100 millones de euros“, ha señalado la ministra, tras reprochar a la senadora que el Grupo Socialista votase en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. “Son ustedes quienes dicen no a los más vulnerables”, ha añadido.

De su lado, Valentín ha acusado al Gobierno de “lavar su imagen invitando al convite que luego pagan las comunidades y los ayuntamientos”. “Ustedes dicen que las administraciones competentes en materia de servicios sociales no están obligadas a pagar, pero si abonan menos de un 50% de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan la luz”, ha espetado la senadora, quien señala que las autonomías y ayuntamientos deben asumir “un coste superior a los 300 millones de euros”.

A este respecto, la ministra ha destacado que, gracias al bono social, los consumidores vulnerables reciben ahora un descuento que va desde el 25% al 40% en función de su renta y que llega al 50% si, además, están siendo atendidos por los servicios sociales. Además, ha recalcado que ahora las compañías eléctricas tienen la obligación de hacerse cargo de las facturas pendientes de pago de las personas que reciben ayudas sociales, cuando hasta ahora solo asumían ese coste las comunidades autónomas.

Con todo ello, Dolors Montserrat ha recordado que el nuevo bono social se financia con 100 millones de euros, un 33% más que lo presupuestado en 2016, y que además los PGE cuentan con 5.300 millones de euros adicionales para financiar a las comunidades autónomas.

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