El Congreso convalida el decreto para que las comercializadoras financien el bono social y para restringir los cortes de luz

Publicado en feb 4 2017 - 12:50am por Energía Diario

Redacción / Agencias.- El pleno del Congreso de los Diputados convalidó, con 248 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 77 en contra (Unidos Podemos, ERC y Bildu) y 15 abstenciones (Compromís, PNV y PDeCat), el decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de electricidad, como la prohibición de los cortes de suministro a los consumidores de especial vulnerabilidad.

A partir de ahora, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución. Además, el PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En su intervención, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, pidió el respaldo a este decreto para que cuente con el mayor “consenso parlamentario, que le dé valor jurídico y político”. “Es un tema que nos preocupa a todos, estamos hablando de cómo combatir la pobreza energética y es importante establecer algún tipo de apoyo social, y cuanto más grupos parlamentarios se unan mejor, ya que hace el sistema más robusto”, aseveró.

Asimismo, Nadal consideró que este decreto permite también realizar “una reforma” del bono social vigente desde 2009, para lo que hay “un consenso” de la Cámara Baja, y para cuyo desarrollo del reglamento ya se han iniciado las conversaciones con todas las fuerzas políticas para que exista “el máximo consenso político posible”. Nadal destacó que la normativa permite garantizar el sistema de financiación del bono social, que era el “escollo fundamental”. “Sin financiación no tendremos bono social. Si no existiese una financiación adecuada el sistema en su conjunto estaba en peligro”, añadió al respecto. No obstante, el Gobierno ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que anuló la financiación del bono social.

Otra de las grandes novedades que incluirá el reglamento es que los perceptores del bono social se distribuirán en tres categorías en función de su vulnerabilidad y que la renta será un factor determinante para percibirlo. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán los colectivos que perciben el bono actualmente. En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, resaltó la prohibición de cortar el suministro a los consumidores vulnerables y la vinculación de la ayuda a los ingresos. Así destacó la importancia del decreto para conseguir “atacar la pobreza desde todos los ángulos” y lo valoró como un “importante paso a una política integral de lucha contra la desigualdad”. Lucio destacó que, a pesar de que el PSOE hubiera preferido extender la financiación del bono social a todas las actividades del sector, el diálogo para el consenso en esta materia “ha abierto la puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda que las decisiones políticas mejoren su vida”.

Mientras, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, aseguró que este decreto ley es “fruto del acuerdo” y demuestra que hay temas importantes en los que los partidos si son “capaces de sentarse a hablar, más allá de las ideologías políticas”. Asimismo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, consideró que la medida que manifiesta la decisión de “la amplia mayoría” de la Cámara en defensa de los consumidores vulnerables y valoró la invitación del ministro a todos los partidos políticos a participar en el proceso reglamentario. Ana Oramas (Coalición Canaria), Pedro Quevedo (Nueva Canarias) y Carlos Salvador (UPN) coincidieron en los aspectos positivos de la norma.

Unidos Podemos vota en contra

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Josep Vendrell, justificó la falta de respaldo por la formación al real decreto al hecho de que “no es una verdadera ley de mitigación de la pobreza energética”. “Con este real decreto no se va a resolver la financiación del bono social ni la pobreza energética. Parte solo de vincularlo a la electricidad, y no a otros productos energéticos”, criticó Vendrell, quien acusó a los gobiernos del PP y PSOE de haber llevado a cabo una política energética en España cuyo objetivo real es “mantener la tasa de beneficio de las grandes eléctricas”. Según indicó, Podemos no apoyará un decreto-ley que “sirva para anestesiar” las demandas de la sociedad.

En la misma línea, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Capdevilla, defendió su voto en contra del decreto al considerar la iniciativa como “un parche” y que la política energética del Gobierno sigue “beneficiando a las empresas del oligopolio eléctrico, mientras no protege al consumidor vulnerable de la luz“. Mientras, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que adelantó la decisión de su formación de abstenerse, apuntó “el fracaso” del modelo energético del Gobierno. El diputado de Compromís Joan Baldoví explicó que aprecia “algún aspecto positivo” en el decreto pero lo considera “insuficiente“. El diputado de Bildu, Oskar Matute, criticó que se trata de una “tirita” que deja “el bisturí” en manos de las eléctricas.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de 7 millones de personas. Debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la financiación del bono social había quedado invalidada, aunque los consumidores vulnerables podían continuar acogiéndose al mismo. Así se restablece la financiación del bono social, que será asumida por las comercializadoras eléctricas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico, como en cárceles u hospitales. Con esta medida se pasa a incluir también a los consumidores en vulnerabilidad severa.

Además, Nadal destacó que el suministro de estos hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las comercializadoras. A este respecto, cuando se ponga en marcha un impago, la compañía tendrá que comunicar al consumidor el inicio del proceso. Además, antes de proceder al corte de luz, tendrá que contactar con los servicios sociales para comprobar si es un consumidor “extremadamente vulnerable”, ya que en caso de ser así no se podrá proceder a la suspensión del suministro.

Por otro lado, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para cortar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables del bono social en caso de impago. Nadal indicó que ese será el periodo del que dispondrán las comunidades autónomas para determinar si se trata de consumidores con vulnerabilidad severa. Además, se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer el reglamento de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.

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