El Gobierno lanza a consulta pública previa la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mientras Europa también aborda la cuestión

Publicado en ene 9 2019 - 10:48am por Energía Diario

Europa Press.- Mientras desde Europa se habla de dar a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables, el Gobierno ha lanzado la fase de consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, a la que se comprometió a través del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, aprobado el pasado octubre.

Concretamente, hasta el próximo 17 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene disponible en su web (www.miteco.gob.es) un acceso público directo para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones hagan sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta “con el objetivo de enriquecer esta estrategia y convertirla en un reflejo fiel de las necesidades de la sociedad en materia de pobreza energética“, indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

La consulta se estructura a través de 4 cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia. Asimismo, también se pregunta si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos en algún aspecto, y se solicita opinión sobre qué medidas de eficiencia energética tendrían mayor incidencia a la hora de aliviar la pobreza energética. Para concluir se ofrece la posibilidad de expresar cualquier otra idea enfocada a mejorar la próxima Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por otra parte, el Ministerio indicó que, según los últimos datos disponibles, se han registrado un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas al bono social eléctrico, de las cuales 1.041.612 son bonos sociales activos: 544.570 bonos corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social.

Actualmente, los consumidores pueden seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero ya no tienen acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que para estos fines defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El bono térmico es una ayuda, una cantidad en metálico según el nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda, que ha concedido el Ministerio este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen, sea cual sea, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina en la época invernal.

Europa y la pobreza energética

Por otro lado, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables. Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara han logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor. La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia “efectiva”.

El elemento “clave” de la normativa, según apuntó el Consejo de la Unión Europea, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que “limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas”. No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas a partir de 2026. Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.

Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad. Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.

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