Garoña: de la necesidad política, virtud

Publicado en ago 3 2017 - 7:00am por Energía Diario
La comunicación de la decisión de no renovar la autorización de la central de Santa María de Garoña (Burgos) abocándola a su cierre definitivo, ha sido un pleno ejercicio de comunicación y gestión política por parte del gobierno Rajoy ejecutado por el empeñoso Ministro de Energía, Álvaro Nadal que ha tratado de realizar una cuadratura del círculo, para hacer de la necesidad, virtud.
 
El empeñoso Ministro de Energía ha buscado al comunicar esta decisión achacar el cierre a las empresas (por su reclamación en torno a los impuestos nucleares y sus consecuencias para la vialidad de las plantas españolas) y a la presión política contra la energía nuclear, con el fin de evitar que el promotor del cierre, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una mañana de domingo soleado de primavera en la Fundación Jaime Vera, se atribuyera la caída de la central. Por tanto, un titular alimenticio de los populares centrado en los réditos inmediatos de la política tacticista española sería que Nadal le agua el triunfo del cierre de la central de Garoña a Cristina Narbona, actual presidenta de los socialistas. 
 
De hecho, determinados elementos de la comunicación política coinciden en la argumentación, como por ejemplo, que era una central relativamente pequeña por su capacidad de generación, 460 MW. Y también por eso se entiende que el ministro exhiba sin ambages un mohín de repudio al comunicar la decisión: un muy a mi pesar. 
 
Lo que pasa es que no se queda ahí y eso impediría ver la clave de bóveda de la decisión, que ha complicado que el Ministro se empleara a fondo en esta cuestión a pesar de su búsqueda a toda costa de sobrecapacidad en el sistema eléctrico que, sin política energética, dispara la interacción entre tecnologías e intereses.  En realidad, tal y como se venían desarrollando el devenir episódico de los hechos y decisiones en torno a Santa María de Garoña, era difícil alinear el acatamiento a un mandato casi  general en el Congreso, promoviendo el cierre de la central burgalesa con el severo requerimiento del socio in péctore del ejecutivo, el PNV (que no es pronuclear, ni antinuclear, sino todo lo contrario, pero quiere la nuclear lejos de los territorios vasco-navarros) en esta legislatura agónica bajo la apariencia de tranquilidad. Este sí es el elemento de decantación de la decisión que había marcado a la central, el motivo por el que el pulgar marcó el suelo a la central del valle de Tobalina, aunque suponga un enfrentamiento más agrio de lo previsto con los “propios” de la Junta de Castilla y León. 
 
Pero el Ministerio de Energía, se mueve en el marco del coyunturalismo y en un modelo orientado a la búsqueda de sobrecapacidad aunque resulte de muy difícil gestión en el futuro. ¿Quiere decirse que esta decisión podría atisbar una definición o una concreción de un modelo de futura de política energética para nuestro país? No. Como tampoco lo es el hecho de que se hayan promovido las tres últimas subastas de potencia renovable. Se trata de una decisión que no pretende crear un precedente y, por tanto, todas las atribuciones del ”éxito” de este cierre no tienen motivos para la autocomplacencia. 
 
La cuestión concreta de Garoña, la prolongación de la operación del parque nuclear (recordemos que es una tecnología libre de emisiones de carbono)  y que, por otra parte, proporciona pingües ingresos fiscales al Gobierno o las propuestas de los operadores del cierre de las centrales de carbón en esa búsqueda de sobrecapacidad, entre otros temas abiertos, han hecho emerger el carácter intervencionista, a fuer de liberal del ministro, advirtiendo que el Ejecutivo se podría reservar la capacidad de intervención para que las empresas estén al servicio de la acción del ejecutivo y sus decisiones, además de contemplar la energía como un necesario objeto (tributario) del deseo. 
 
Termina así un episódico devenir, incluyendo la actuación del presidente del CSN, Fernando Marti, que puede resultar engañoso desde el punto de vista de las conclusiones que puede arrojar su desenlace. Ahora comienza un proceso de desmantelamiento de la central, ejecutado por ENRESA que durará más de tres años y que costará 345 millones de euros. La Junta de Castilla y León estudia un impuesto al propio desmantelamiento, dado que cualquier evento relacionado con la energía (pasado, presente o futuro) puede ser objeto tributario y puede prolongar la oposición castellano leonesa al cierre con el consiguiente enfrentamiento abierto con el Ejecutivo de Rajoy. ¿No habrá paz nunca alrededor de Garoña?
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