La Unión Europea analizará si es legal prohibir la venta de determinados vehículos en 2040 antes de su aprobación definitiva

Publicado en nov 30 2018 - 2:37pm por Energía Diario

Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, ha señalado que la Comisión Europea analizará si la prohibición de vender en España coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2) desde 2040 es “conforme o no” con la normativa del mercado interno, y que se hará antes de que se adopte definitivamente dicha medida.

Acerca de la medida anunciada por el Gobierno, Arias Cañete ha señalado que “no le consta” que ningún otro país haya fijado por ley la prohibición de vender determinados vehículos. “He oído declaraciones de Gobiernos y ministros de que en 2040 no se podrá…, pero no lo he visto plasmado en legislaciones internas”, ha señalado el comisario, quien ha añadido que “habrá sectores en los que el motor de combustión interna deberá seguir y los fabricantes tendrán que ver cómo cumplen los objetivos de emisiones”.

Desde la Comisión no se plantean prohibiciones de venta de vehículos, ha apuntado el comisario, quien ha dicho que la labor de la Comisión es “establecer trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no proponer medidas concretas drásticas“. El Consejo y el Parlamento Europeo están debatiendo la estrategia horizonte 2050 con los objetivos de reducción de emisiones elaborada por la Comisión. El debate, centrado en establecer un objetivo del 35% o 45% de emisiones, se encuentra estancado por la “poca flexibilidad” de las partes, según Arias Cañete, quien señala que si no hay acuerdo en esta legislatura, se mantendrán los objetivos de 95 gramos ya establecidos.

La electrificación generará más empleo

En este debate también se está considerando el número de puntos de carga, que podría llegar a los 2,8 millones de puntos con el 35% de nivel de emisiones que se está barajando. El comisario considera que “no se puede conseguir este objetivo haciéndolo obligatorio únicamente en gasolineras”, ya que se trata de “puntos públicos de recarga”. Con respecto a la preocupación manifestada por los fabricantes sobre la posible pérdida de empleo que causaría la electrificación, Arias Cañete ha afirmado que “los datos de la Comisión apuntan a que la electrificación acaba con generación neta de empleo”. Sin embargo, ha apuntado que se producirán “impactos claros” en los fabricantes, así como externalidades que deberán “corregirse”.

Cañete ha mencionado otras posibles vías para reducir las emisiones de carbono (CO2), entre las que ha señalado la fiscalidad, otorgar ayudas directas a través del presupuesto comunitario o los antiguos planes Renove. En este sentido, el comisario ha destacado que “lo que tiene que tener un Estado es una política muy clara del nivel de desarrollo de vehículos eléctricos que quiere y poner en marcha los temas de apoyo a las infraestructuras y las políticas fiscales necesarias”. El tema verdaderamente importante, concluye Cañete, es que “no se está hablando de cómo mejorar la formación profesional para hacer posible la descarbonización del sector del transporte”.

Aniacam y la reunión ministerial

Por otro lado, la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (Aniacam) ha mostrado su agradecimiento a los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica por convocar una reunión “de urgencia” para atajar y clarificar el ruido mediático en relación con el borrador sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno.Este documento contempla la intención del Gobierno de prohibir la matriculación de vehículos nuevos de gasolina, diésel, de gas e híbridos desde 2040, mientras que su circulación se vetará desde el año 2050.

Aniacam destacó que el Gobierno dejó patente que el ejercicio de descarbonización tendrá unos plazos que “no tienen que poner en peligro” la capacidad productiva de las fábricas en España, de sus empleados, del sector de la distribución y de los consumidores.Desde Aniacam indicaron que el Gobierno tiene el objetivo de marcar unas metas de un futuro para que “con tiempo” todos los protagonistas del sector y los usuarios puedan ir adecuando sus necesidades para adaptar sus estructuras a un horizonte que, aunque lejano, puedan ir incorporando a las agendas de todo el sector para poder cumplir los objetivos.

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