Más de 200.000 personas verán afectada su economía si los recortes de primas para la fotovoltaica son aprobados

Publicado en ene 24 2011 - 3:04pm por admin

Este impacto socioeconómico del recorte de la actividad de las plantas fotovoltaicas se ha desprendido de los análisis y de las tomas de posición que han puesto de manifiesto diversas asociaciones profesionales, agrarias, energéticas e industriales a raíz de la decisión del Ministerio de Industria de introducir medidas retroactivas, según han informado estas organizaciones.

Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de la Energía, de las 53.155 instalaciones afectadas por la nueva normativa, una sensible mayoría corresponde a colectivos socioeconómicos muy diseminados en todo el territorio nacional. Particularmente en aquellas comunidades autónomas en las que la tecnología solar fotovoltaica se ha convertido en un claro vector de inversión, crecimiento económico y desarrollo social. Este es el caso de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Aragón.

La reacción popular que se ha desprendido de las aproximadamente 10.000 cartas enviadas al Congreso por productores y allegados afectados por esta medida, expresa, según las tres asociaciones fotovoltaicas, la relevancia de las pérdidas económicas que podrían suponer para la economía de estos colectivos la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 14/2010.

Las tres asociaciones fotovoltaicas han coincidido en que, si el decreto sale adelante, se producirá un daño relevante para el amplio segmento de la población señalado, sin contar el descrédito nacional e internacional que conllevará, por el cambio continuo y desacuerdo con las directivas de la Unión Europea.

Por este motivo, las plataformas de apoyo a la energía fotovoltaica se concentrarán cerca del Congreso para pedir a los diputados que rechacen el real decreto ley con medidas urgentes para el sector eléctrico, entre ellas la que recorta el número de horas con derecho a prima de estas instalaciones solares.

Y es que AEF, ASIF y APPA han anunciado su intención de recurrir la norma ante todas las instancias jurídicas posibles, al considerar que incluye medidas “retroactivas”.

Por su parte, la Asociación Europea por las Energías Renovables (Eurosolar) ha hecho un llamamiento a todos los propietarios y usuarios de energia fotovoltaica y a las asociaciones empresariales para que apoyen la concentración, que se celebrará el 25 de enero a las 15.30 horas.

El vicepresidente de Eurosolar, Josep Puig, ha asegurado que “el sector solar español debe seguir el ejemplo alemán”, donde, cuando se cuestionó la política de retribución a la fotovoltaica, “la sociedad civil organizó una gran manifestación en defensa de la política de renovables que reunió desde sindicatos del metal hasta organizaciones agrarias, pasando por partidos políticos de todo el espectro y organizaciones ecologistas y de energías renovables”.

“Incluso los fabricantes de tecnologías renovables estuvieron presentes en la concentración con enormes camiones que cargaban desde aerogeneradores hasta equipos solares de todo tipo”, ha recordado Puig antes de pedir una movilización similar en España.

Hoy en España, las movilizaciones son la única forma de hacer frente a las políticas retrógradas del Ejecutivo español frente a las energías renovables y, en especial, la solar fotovoltaica“, ha asegurado, antes de decir que “decenas de miles de ciudadanos españoles que han apostado por la solar fotovoltaica se sienten hoy como si les hubiesen atracado por la modificación retroactiva, a golpe de decreto”.

Eurosolar ha considerado además que “España está perdiendo su oportunidad de superar la crisis económica, pues los tres últimos ministros de Industria han hecho todo lo que tenían en sus manos para destrozar el sector industrial que se había creado en los últimos años en torno a las energías renovables“.

CCOO pide que no se perjudique el desarrollo de las renovables

También CCOO ha pedido al Congreso de los Diputados que no perjudique el desarrollo de las energías renovables, en concreto de la fotovoltaica. Para este sindicato, el Gobierno “se ha plegado a las presiones de las compañías eléctricas”.

Según CCOO, el desarrollo de las energías renovables exige apoyos suficientes y predecibles, y muchas de las medidas que ha ido tomando el Gobierno en los dos últimos años van en sentido contrario a esa seguridad que se necesita.

CCOO ha considerado que esta medida y otras parecidas tomadas recientemente por el Ministerio de Industria crean inseguridad jurídica en un sector básico para el cambio de modelo productivo y pueden perjudicar al empleo del sector, ya que puede disuadir futuras inversiones.

España cuenta con empresas líderes en el sector de las renovables, pero esta situación puede revertirse de continuar la política errática del Ministerio de Industria”, ha señalado el secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano.

El sector de las energías renovables emplea a 113.227 personas -68.737 directos y 44.758 indirectos-, la mayoría puestos de trabajo de carácter indefinido y de alta cualificación, según el “Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las energías renovables en España 2010” elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO. De estos empleos, 28.350 (incluidos directos e indirectos) corresponden al sector fotovoltaico.

Según los planes energéticos del Gobierno, el sector fotovoltaico podría emplear a cerca de 49.000 personas en 2020 y, si adoptase medidas de impulso y estímulo, la cifra podría alcanzar los 70.000 empleos para esas mismas fechas.

En opinión de Serrano, “el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el responsable de trasladar a la sociedad la percepción de que las renovables son un riesgo para nuestro sistema energético. Se ha plegado a las presiones de las compañías eléctricas, que ven reducir sus beneficios cuando -en plena contracción de la demanda- el crecimiento de las renovables les reduce su parte del pastel de generación eléctrica”. El Ministerio de Industria plantea las primas sobre las renovables como “un factor de encarecimiento de la electricidad en España y, por tanto, un riesgo para nuestra competitividad”.

Para CCOO, hay que evitar una remuneración desproporcionada que favorezca la especulación, pero esto no justifica que el Gobierno -que creó las condiciones para la burbuja- ponga ahora en riesgo el empleo en un sector que ha creado muchos puestos de trabajo, evita emisiones de CO2, genera riqueza y produce energía autóctona.

En definitiva, ha considerado que los costes evitados de las tecnologías renovables (en importaciones, emisiones, mercado eléctrico, etcétera) superan con creces el importe de las primas.

CCOO ha pedido que se mantenga la política de primas a las renovables en función de la maduración que hayan alcanzado las distintas tecnologías. “El Gobierno tiene que tomar las decisiones con una visión temporal amplia, coherente con la apuesta realizada hace años y no arriesgando por motivos coyunturales el futuro de un sector estratégico para la economía y el empleo en España”, señaló.

Greenpeace pide que no convalide el “decretazo que frena en seco” la solar

Asimismo, la organización ecologista Greenpeace ha pedido al Congreso de los Diputados que “no convalide el decretazo fotovoltaico”, en alusión al Real Decreto-Ley 14/10 que, a su juicio, limita las horas en las que las plantas fotovoltaicas pueden funcionar percibiendo los incentivos que la ley establecía en el momento en el que invirtieron en ella miles de personas y empresas.

Así, ha acusado al Gobierno de traspasar la “línea roja” porque su política frena “en seco” el crecimiento y la inversión de la energía solar, mientras Alemania ha recuperado el liderazgo que en 2008 le arrebató España, instalando en 2010 más potencia fotovoltaica que ningún país del mundo.

De este modo, ha considerado que el texto, que será sometido a la convalidación del Congreso, penaliza económicamente a las instalaciones de energía solar fotovoltaica que ya existen y castiga “injustificadamente” a todos los particulares y empresas que “lograron hacer a España líder mundial de energía solar”.

Por este motivo, ha instado a los diputados que eliminen del citado Real Decreto Ley la limitación de horas porque, a su juicio, tiene como finalidad hacer fracasar la energía solar en España. “Justo lo contrario de lo que presume el presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero cuando viaja fuera de España”, ha añadido la ONG.

La política del Gobierno busca simplemente contentar las exigencias de las compañías eléctricas, que han decidido erradicar a todos los pequeños productores que suponen una competencia indeseada para ellas”, ha apostillado.

Por este motivo, el responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace, José Luis García, ha insistido en que el Ejecutivo, además de hacer “más difíciles” las condiciones para los posibles inversores en energía solar en el futuro, “ahora va también contra los que invirtieron en el pasado, dándoles una puñalada donde antes les daba palmaditas”.

“Con este decretazo, Zapatero no sólo quiere que las renovables dejen de crecer, sino que pretende borrar del mapa a las instalaciones existentes que aprovechan limpia y eficazmente el sol que tenemos y sustituyen a los sucios combustibles fósiles que no tenemos”, ha subrayado.

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