Moody’s prevé que la deuda acumulada del sistema eléctrico se reduzca durante este año hasta los 19.000 millones de euros

Publicado en abr 15 2018 - 8:50pm por Energía Diario

Europa Press / EFE.- La agencia de calificación Moody’s espera una nueva reducción de la deuda acumulada de los sistemas eléctricos de España y Portugal este año gracias a la mejora de su entorno macroeconómico y a la estabilidad regulatoria. En este sentido, Moody’s prevé que la deuda del sistema eléctrico español se reduzca más de un 9% en 2018, hasta el entorno de los 19.000 millones de euros, frente a los 21.000 millones de euros del año pasado.

Moody’s prevé que la deuda de los sistemas eléctricos de España y Portugal se reduzca aún más en los próximos años con la contención de los costes de los sistemas y unos ingresos regulatorios estables y alineados con el crecimiento futuro del PIB. En este sentido, Moody’s espera que el porcentaje de la deuda acumulada pendiente de pago de la tarifa de electricidad respecto al PIB español caiga del 1,9% al 1,6% en 2018. Moody’s estima la cifra en que se sitúa el déficit eléctrico en 2017 y 2018 basándose en cálculos que suponen un desembolso constante similar a la cifra reportada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para 2016.

Por tercer año consecutivo después de una década de déficits, el sistema eléctrico español registró en 2016 un saldo positivo de 421,5 millones de euros, que elevan a unos 1.400 millones de euros el superávit acumulado. Pero, según explica Moody’s, el uso de los excedentes acumulados aún no se ha regulado por completo. De acuerdo con la orden ETU/1282/2017, el dinero de la cuenta de los superávits puede ser añadida al sistema de ingresos para cubrir desequilibrios potenciales. Sin embargo, Moody’s considera que aplicar este superávit a una reducción adicional de la deuda del sistema eléctrico es algo “limitado” ya que estos excedentes podrían destinarse a otros “desafíos” del sistema.

Cualquier pago no puede exceder de 200 millones de euros en 2017 o de 500 millones de euros para 2017 y 2018 combinados, ha indicado Moody’s, que ha señalado que, aunque no se esperan déficits, el dinero también podría usarse para cubrir posibles desviaciones en los ingresos y gastos previstos del sistema eléctrico. Además, Moody’s ha subrayado que el Gobierno español está considerando el uso de ese superávit para cubrir las indemnizaciones por reclamaciones legales de generadores de energía renovable por el recorte que se hizo de las primas, de las que en 2017 había 36 abiertas por un valor de 7.600 millones de euros.

Así, Moody’s añade que los niveles de deuda acumulada en el sistema eléctrico español y portugués seguirán reduciéndose este año “como resultado de la mejora del entorno macroeconómico y la estabilidad regulatoria de los últimos años”. No obstante, prevé “un desapalancamiento más rápido en el caso de Portugal” en comparación con España, debido a que el plazo de amortización de la deuda es más corto. “Moody’s espera que la deuda acumulada como porcentaje del PIB caiga del 2,5% de 2017 al 2% a cierre de 2018 para Portugal“, señaló Ángel Jiménez, analista de la agencia.

En el caso de Portugal, la agencia considera que el sistema de ajustes e ingresos al sector eléctrico doméstico para que alcance el equilibrio es poco probable que logre el objetivo de reducir la deuda acumulada pendiente a 600 millones en 2020. En este sentido, apunta que el crecimiento de la demanda está siendo más débil de lo esperado y el coste de los subsidios de algunos años previos más alto de lo que estimó.

No obstante, recuerda que en los últimos dos años la deuda acumulada del sistema eléctrico portugués se redujo, gracias al aumento de los ingresos regulados y a una amortización más agresiva de la mayoría de la deuda pendiente de pago en Portugal, que se amortizará en 5 años, plazo inferior al de España. Por otra parte, la agencia de calificación no espera cambios importantes en el marco regulatorio de España y Portugal, pues la mejora macroeconómica que han experimentado desde 2014 ofrece pocos incentivos para que los responsables políticos introduzcan modificaciones y por la falta de mayorías legislativas en los parlamentos de España y Portugal.

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