Reflexiones y apuntes entre líneas

Publicado en sep 11 2017 - 8:04am por Energía Diario

Del comienzo del curso energético se sugieren distintos apuntes y elementos derivados. Resulta evidente que las empresas del sector valoran positivamente que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea precisamente eso, una ley, alcanzando el máximo rango legal y proporcionando mayor seguridad jurídica, con el añadido de que para su elaboración se consiga el necesario consenso de una norma tan importante para el futuro del modelo energético español.

Cabe esperar que los goznes que articulan su proceso de elaboración, la definición de los escenarios, así como las medidas correlacionadas y adyacentes sean coherentes, alineados y coordinados, incluyendo en este mecanismo a la Comisión de Expertos. Precisamente la apertura del proceso de participación para la regulación del cierre de centrales es un síntoma de fuga del engranaje puesto en marcha por el propio Gobierno, una regulación por tanto que debería ser reconducida e incardinada a los trabajos de estos expertos, algo que además debería percibirse con claridad para que la labor de esta Comisión no quede en papel mojado a las primeras de cambio.

Por otra parte, el Gobierno asegura que considera importante mantener la energía nuclear en el mix de generación en la medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos de emisiones. Esta afirmación debería conducir a una revisión del modelo de fiscalidad que recae sobre esta tecnología, convertida en un objeto tributario en sí mismo en nuestro país. Fiscalidad que debe ser revisada en el conjunto de un modelo de fiscalidad verde, coherente con los objetivos de la política energética y medioambiental, más allá de los criterios recaudadores, y con la necesaria contribución de otros sectores como el transporte. Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea sobre el modelo de fiscalidad verde español definen el espacio de carencias y mejoras necesarias.

Por otro lado, empieza a existir un cierto disenso en el proceso compulsivo de lanzamiento de subastas de potencia renovable que ha determinado dos subastas en tres meses y 8.000 MW incorporados para cumplir los objetivos de la Unión Europea ante el parón de estos últimos años. Las críticas al mismo han hecho mella incluso en la propia Administración energética, que reconoce que el procedimiento no habría sido el mejor.

Finalmente, en lo que se refiere a la política del Ministerio de Energía, empieza a evidenciar fatiga de materiales el afán de dotarse de espacios de discrecionalidad (para promover subastas inesperadas de potencia renovable sin un modelo de planificación, para tratar de impedir el cierre de centrales, para aplicar los superávit contables a la política tarifaria) o para autopermitirse fórmulas indulgentes con la inseguridad jurídica o a la retroactividad retributiva, con justificaciones tan espurias como la escasa interconexión energética con Europa, el nuevo mantra ministerial.

Este debate necesariamente se va a hacer cada vez más sofisticado y menos maniqueo. La necesidad de confianza (seguridad jurídica) y de previsión van a requerir otra forma y de otras formas en la regulación del sector. Los procesos abiertos en el ámbito europeo (Parlamento, Comisión Europea y Dirección General de Competencia) van a ser escenarios a tener muy en cuenta en todo este proceso.

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