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Energía Diario
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JAVIER ANTA (PRIMERA PARTE)

"Aquellas instalaciones que se demuestren fraudulentas, no deberían acogerse a retribución alguna"

Javier Anta, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), habla para ENERGÍA DIARIO sobre temas espinosos dentro del sector, como son los fraudes de algunas instalaciones de cara al cambio de legislación producido hace unos meses o sobre el descontento existente en el sector con este nuevo Real Decreto, el 1578/2008, así como las reformas que, a su juicio, habría que introducir para eliminar las limitaciones de la nueva normativa.

ENERGÍA DIARIO    MADRID  14 · 04 · 2009

ENERGÍA DIARIO: Directamente al meollo de la cuestión Sr. Anta, ¿Existe fraude en las instalaciones fotovoltaicas?

JAVIER ANTA: Parece ser que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) detectó plantas solares inscritas en el registro de instalaciones de régimen especial antes de que caducase el Real Decreto 661/07 que no deberían estarlo, porque no se encontraban terminadas en ese momento. Esto, no cabe duda, es una irregularidad grave, puesto que esas instalaciones estarían acogidas a un régimen retributivo que no les corresponde. También podríamos considerarlo un fraude hacia los consumidores de electricidad, puesto que son ellos, al pagar los recibos de la luz, los que permiten la rentabilidad de la producción fotovoltaica.

E.D.: ¿Y quien es el responsable de estas actuaciones?

J.A.: No creo que sea cuestión de señalar con el dedo de un modo genérico, sino de identificar los casos irregulares y, posteriormente, aplicar las sanciones que sean oportunas en función de las responsabilidades concretas de cada caso. La casuística parece ser amplia, y no debemos generalizar.

E.D.: ¿Está de acuerdo, entonces, con la propuesta de decreto contra el fraude que ha elaborado el Ministerio de Industria?

J.A.: Básicamente sí. Aunque nos parece que aquellas instalaciones irregulares que se demuestren realmente fraudulentas no deberían poder acogerse al mecanismo retributivo del Real Decreto 1578/2008. La nueva norma tiene un cupo limitativo, y aquellos que han ido más allá de la legalidad no deben afectar a los que no lo han hecho, ocupando parte de ese cupo. Puede ser una medida drástica, pero es la única opción justa.

E.D.: ¿Qué opina del uso mediático que se ha dado a las acusaciones de fraude?

J.A.: Es lamentable. Entiendo que la situación es propicia para que la prensa afile la pluma y consiga titulares llamativos, pero creo que se le ha dado una trascendencia que no tiene y que nos está pasando una factura excesiva en el plano de la imagen pública. Y no sólo a la fotovoltaica; la tendencia a simplificar las cosas lleva a generalizar, y las generalizaciones son muy malas; la situación en el sector fotovoltaico no tiene nada que ver con la del sector eólico, ni con la situación de los biocarburantes. No se puede denunciar, como se ha hecho, un fraude masivo, y mucho menos en el ámbito de todas las renovables.

E.D.: En los últimos meses hemos podido comprobar el descontento existente en el sector solar con el Real Decreto 1578/2008, la nueva regulación aprobada el pasado septiembre. ¿Consideran desde ASIF que es necesario reformarla?

J.A.: Es lógico que el sector esté muy descontento, porque ha estado paralizado seis meses, debido a que la tarifa se ha reducido un 30%, porque el cupo establecido se corresponde a una quinta parte del mercado que hubo el año pasado, porque la crisis crediticia tampoco facilita las cosas… No cabe duda de que no es el marco regulatorio que nos hubiera gustado tener, pero creo que es el mejor marco regulatorio que pudimos conseguir del Gobierno de un país que planeaba conectar 80 MW fotovoltaicos durante 2008 y que conectó más de 2.500 MW en sólo nueve meses de ese mismo año.

E.D.: Entonces, ¿hay que reformarla?

J.A.: Sí. Habrá que hacerlo, porque es una norma coyuntural, fruto de la excepcionalidad del mercado solar del año pasado. Aunque es cierto que contiene elementos válidos a largo plazo, hay factores que no contempla y que son necesarios para el correcto desarrollo del Sector, como la simplificación de los procedimientos administrativos, el alcance de la paridad de la red en los próximos años, la especificidad de las tecnologías de concentración, las instalaciones sometidas al Código Técnico de la Edificación, la armonización de las normativas autonómicas… Sin embargo, estos desarrollos de la regulación pueden hacerse con otras normas, como la próxima Ley de Energías Renovables o el inminente decreto de conexión a red para las instalaciones del régimen especial. En ASIF ya estamos trabajando en todas estas cosas.

E.D.: Al parecer los listados de las distintas convocatorias no están saliendo todo lo bien que a las empresas les gustaría. ¿Qué opina de ello?

J.A.: Han salido tarde, han salido con algún error… pero están saliendo. Lo importante es que el sector vuelve a estar en marcha, aunque no sea, ni mucho menos, al ritmo que tuvo el año pasado. Creo que es cuestión de que la Administración coja el ritmo adecuado y de que los propios promotores remitan toda la documentación necesaria en los expedientes. Falta afinar el procedimiento y aclarar algunas contradicciones entre las distintas administraciones, como es el caso de que las comunidades autónomas no exijan la autorización administrativa para instalaciones menores de 100 kW, y, por lo tanto, no la concedan y que, no obstante, este mismo documento sea exigido por la Administración central para acceder a la tarifa fotovoltaica a partir de la tercera convocatoria de este año.

E.D.: ¿Y la reducción de la tarifa de una convocatoria a otra? Se suponía que iba a ser de un 2,5% como máximo y entre la primera convocatoria y la segunda va a haber una reducción del 4% en las instalaciones de suelo.

J.A.: Efectivamente, ha surgido un problema con reducción trimestral de la tarifa para las instalaciones en suelo, porque el Ministerio de Industria ha hecho una aplicación muy particular de la fórmula matemática recogida en el Real Decreto 1578/2008 que puede llevar a la reducción de tarifa hasta una magnitud del 20% este año, cuando el máximo previsto durante el alumbramiento de la norma fue de un máximo del 10% anual. Por lo tanto, en ASIF pensamos que esa interpretación no se corresponde con el espíritu de la norma, y así se refleja en sus memorias justificativas o el propio informe que sobre él realizó la CNE. Esperamos, por lo tanto, que este tema, sobre el que ya estamos en contacto con la Secretaría General de Energía, se reconduzca.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Javier Anta que abordará temas como los precios de la fotovoltaica o su instalación en los edificios.

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