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Energía Diario
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ÁLVARO MAZARRASA (PRIMERA PARTE)

"Nos encontramos en una situación de incertidumbre total"

Desde el pasado 1 de octubre, el sector petrolero está ajustando sus parámetros para cumplir con la legislación vigente. Desde esa fecha, las compañías están obligadas a informar mensualmente a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) del porcentaje de carburante “bio” que introducen en sus mezclas. Se trata del sistema de certificación de biocarburantes, cuyo objetivo es el de garantizar la correcta proporción de bioetanol y biodiésel en gasolinas y gasóleos de automoción y cuya puesta en marcha ha provocado la indignación en el sector ante la actitud del Ejecutivo.

Para tratar este y otros asuntos de actualidad en el sector petrolífero, hemos entrevistado a Álvaro Mazarrasa, Director General de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

ENERGÍA DIARIO    MADRID  22 · 10 · 2009

ENERGÍA DIARIO.: Como representante de un sector tan importante en el tejido industrial español como es el petrolero, háganos una valoración del sistema de certificación de los biocarburantes.

ÁLVARO MAZARRASA.: Se trata de un tema trascendental para nuestro sector, de eso no hay duda. Desde AOP creemos que la adopción de este sistema tiene lagunas muy destacadas que traerán consecuencias negativas muy importantes a nivel económico para todos los operadores petrolíferos. La precipitación de esta legislación aplicable a los biocarburantes contiene, desde luego, graves imprecisiones que conllevan un perjuicio para los sujetos obligados, así como para los sistemas de distribución y los consumidores.

La obligatoriedad de facilitar los datos de las mezclas comenzó a primeros de este mes de octubre, pero con la imposición de hacerlo efectivo desde el 1 de enero. Y sin embargo, sólo hace veinte días que tuvimos la primera reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE) todas las empresas, agentes y operadores a los que afecta este sistema de certificación.

Desde AOP consideramos que conocer las condiciones del mecanismo de funcionamiento del sistema de certificación de biocarburantes diez meses después de entrar en vigor la obligación es una situación propia de un país subdesarrollado, más que de un estado de derecho. Algo que, a nuestro entender, raya la inseguridad jurídica del sistema español en determinados aspectos. Lo que está claro es que esta situación no se ha dado en ningún otro país de Europa.

Por si no fuera suficiente, la orden ministerial marca aspectos generales, pero no especifica los detalles prácticos de la misma y nos encontramos con determinados puntos con los que chocamos, puesto que nuestra interpretación es totalmente diferente. Por poner un ejemplo, discrepamos de la interpretación que ha hecho la CNE sobre la conversión del poder calorífico del ETBE y el etanol, algo que esperamos se corrija en el futuro.

E.D.: ¿Cómo han sido las relaciones con Industria respecto a la elaboración de la normativa legal? ¿Han escuchado sus propuestas?

A.M.: Al principio, nuestras conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía se desarrollaron de una manera fluida y dinámica. Expusimos nuestro punto de vista y parece ser que no les convencimos en nada, porque no han recogido ninguna de nuestras preocupaciones, algo que consideramos como una falta de sensibilidad hacia nuestro sector.

Obviamente, el Ejecutivo decide lo que cree que es mejor para el país. Y los petrolíferos tenemos la voluntad de acatar y cumplir con la obligación de la orden ministerial aunque, eso sí, con un esfuerzo verdaderamente importante por parte de los operadores que han tenido que aprender a velocidad supersónica el funcionamiento del sistema de certificados.

Desde luego, es una pena que las opiniones y criterios que ha dado nuestro sector se hayan interpretado como barreras para la negociación, cuando lo que se ha pretendido es hacer las cosas bien, de una forma sostenible y partiendo de la experiencia que tenemos en este ámbito. Sin duda alguna, no hemos tenido el respaldo del Ejecutivo por lo que nos sentimos totalmente desamparados. Nos encontramos en una situación de incertidumbre total.

E.D.: ¿Se han sentido comprendidos y arropados por la CNE a la hora de crear el sistema de certificación de biocarburantes?

A.M.: Respecto a la relación con la CNE, he de decir que el regulador ha trabajado contrarreloj para crear y diseñar la herramienta informática con la que trabajaremos a partir de ahora. Durante estos meses hemos mantenido un diálogo permanente, aunque el resultado no ha sido el que hubiésemos deseado. Es más, todas las compañías asociadas en AOP han participado activamente en este proceso, en el que la CNE se ha mostrado participativa con nuestro sector.

Sin embargo, creemos que el equipo técnico de la CNE merece una mención por el esfuerzo de crear un soporte informático desde cero. Algo fácil de escribir en una orden ministerial, pero difícil de materializar en la práctica, puesto que conlleva una problemática tremenda para los operadores, los agentes logísticos e, incluso, para el propio organismo certificador.

E.D.: ¿Qué consecuencias y efectos económicos estimáis para el sector tras la puesta en marcha del sistema de certificación? ¿Cuáles son los parámetros que creen que habría que ajustar?

A.M.: La puesta en marcha del sistema es muy reciente y aún se están resolviendo dudas sobre su funcionamiento, por lo que entendemos que los efectos prácticos de la obligatoriedad no se van a ver hasta dentro de unos meses.

Los operadores están empezando a volcar sus datos en el sistema sin tener la certeza de si van a obtener o no los certificados, puesto que podrían estar cuestionados por esta obligatoriedad de haber comenzado con fecha 1 de enero, algo que genera una situación de desconcierto entre los petrolíferos.

Si una tonelada de biocarburante es rechazada, la compañía en cuestión tendría que abonar 350 euros en concepto de penalización por no cumplir los requisitos estipulados por el sistema de certificación. Desde luego, las cantidades no son despreciables y el rechazo puede generar muchos problemas. Por esta razón, nosotros pedimos que el año 2009 sirviera de rodaje para habituarnos al cambio estructural, algo que ya existió en otros países y que hizo la transición mucho más fácil.

Esto ya venía coleando cuando se aprobó la modificación de la Ley de Hidrocarburos que fijaba la obligatoriedad para el año 2009. Desde ese momento, el ministerio era consciente de que no quedaba tiempo material para desarrollar el reglamento de la orden ministerial y poner el sistema de certificación en marcha, puesto que en realidad el año de prueba debía haber sido el 2008. Por eso, desde AOP pensamos que se han precipitado los acontecimientos y han primado los objetivos políticos sobre el pragmatismo y los intereses industriales. En cuanto comencemos a introducir los primeros datos en el sistema, se verán las carencias técnicas del mismo.

E.D.: ¿Consideran proteccionista la normativa legal?

A.M.: Desde AOP creemos que el planteamiento se hizo con la mejor de las voluntades por parte del Mnisterio, con el objetivo de desarrollar una industria española de transformación, porque materia prima apenas tenemos. Sin embargo, las señales que se mandaron al sector industrial fueron muy equivocadas.

En el sector de los biocombustibles no hay tarifas, puesto que se trata de un mercado libre. Además, el negocio de los hidrocarburos mueve grandes volúmenes y genera márgenes muy ajustados, por lo que es difícil sobrevivir. Para nosotros es un drama ver proyectos de muchos pequeños inversores, cuyas plantas no lograrán subsistir debido a una serie de costes logísticos que deben mantener a largo plazo. Muchos de ellos no pertenecen a nuestro gremio y han invertido haciendo caso de las políticas y llamadas de atención del Ministerio de Industria. Ahora, ante la pérdida de su capital, han buscado el amparo y la protección en la obligatoriedad para que sus productos sean comprados por los operadores españoles, encareciendo el sistema de manera proteccionista. Estamos en una guerra de subsidios, de un lado y de otro, y al final seremos nosotros los que suframos esta situación, junto a los consumidores, puesto que el producto se encarecerá.

Por el contrario, la industria del petróleo no ha tenido nunca subsidios y se ha mantenido mediante las importaciones (como el gasóleo) procedentes de todos los orígenes. Además, nuestro sector está más acostumbrado a trabajar con materia prima más barata, sea del origen que sea.

E.D.: ¿Qué tipo de repercusiones puede tener este sistema en el usuario final?

A.M.: Afortunadamente, el usuario final no va a percibir gran diferencia. En el tema de los combustibles nadie ha tenido problemas a la hora de acudir a las gasolineras y utilizar este tipo de carburante, salvo contratiempos puntuales o errores humanos de manipulación.

Pero en lo que respecta a la calidad, estamos muy tranquilos. De hecho, las asociaciones de consumidores no han llamado a AOP para realizar quejas en este sentido. Los productos petroleros son de gran consumo y los trastornos que pueden llegar a ocasionar si hay incidentes serían muy graves. En este sentido, tanto las negociaciones, como la implantación de la normativa y el sistema de certificación se han manejado con mucha cautela, por lo que creemos que los consumidores no van a tener preocupaciones.

E.D.: ¿En cuánto estiman la subida del precio del combustible para el usuario?

A.M.: No sabría decir exactamente. Hace poco hicimos una previsión con respecto al tema del etanol y sumando todos los extracostes de logística y las bases etanolables, estimamos el encarecimiento en un precio de 4,5 céntimos de euro. Fue el extracoste que le dimos a Industria en su momento, cuando defendíamos el ETBE frente al etanol directo. Fuera de esto, son cada uno de los operadores los que fijan los precios.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Álvaro Mazarrasa que abordará, entre otros temas, el informe de la CNC que acusaba al sector de la elevada concentración de los carburantes de automoción en España.

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