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Centroamérica se resiste a fomentar las posibles alternativas energéticas

La necesaria búsqueda de alternativas energéticas en Centroamérica, con la construcción de hidroeléctricas y la exploración de otras fuentes como la eólica, avanza en la región aunque con la resistencia de grupos indígenas que denuncian desplazamientos forzados de sus tierras y daños ecológicos.

EFE    MADRID  13 · 04 · 2011

Centroamérica sufre los embates de los altos precios del crudo, con cuyos derivados se genera buena parte de la electricidad que consumen los casi 46 millones de habitantes de la región. Esa situación repercute en incesantes aumentos de las tarifas de la electricidad y, consecuentemente, en el costo de la vida.

Países como Costa Rica, Panamá y Guatemala llevan adelante importantes proyectos hidroeléctricos que implican inversiones millonarias y buscan incrementar la generación de esa energía, pero cuentan con la oposición de grupos indígenas que denunciaron daños medioambientales y que serán desplazados de sus tierras por los nuevos embalses.

Tal es el caso de Costa Rica, donde comunidades autóctonas acudieron ante la justicia para frenar la construcción de la hidroeléctrica Diquís, a cargo del estatal Instituto Costarricense de Energía (ICE), que se proyecta con una capacidad de generación de 650 megavatios y deberá entrar en funcionamiento en 2016.

La obra, que se levanta en el sur del país por 2.072 millones de dólares, es rechazada por los indígenas de la zona, que denunciaron que deberán salir de sus tierras ancestrales porque quedarán bajo las aguas del embalse.

El ICE invitó al relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, Jame Anaya, para que visite Costa Rica a finales de este mes de abril, recorra la zona y se reúna con las partes a fin de hallar una salida al conflicto, que se presenta en un país que es la excepción en la región, pues el 85 por ciento de la electricidad que consume proviene de fuentes hídricas.

Un situación similar se registró en Panamá, donde hay una veintena de nuevos proyectos hidroeléctricos que pretenden elevar la actual capacidad instalada, de cerca de 1.426 megavatios, de los cuales más de la mitad proviene de hidroeléctricas y el resto de plantas térmicas.

El conflicto más emblemático es el proyecto Chan 75, iniciado en 2007 por la empresa AES Changuinola, subsidiaria de la estadounidense AES Corporation, con una inversión estimada de 600 millones de dólares y una generación proyectada de 223 megavatios.

El proyecto, que tiene previsto iniciar operaciones este mismo año, fue impugnado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por indígenas de la Comarca Ngabe Buglé, que denunciaron que sus derechos humanos fueron violados porque las obras ponen en peligro sus propiedades y recursos naturales.

En Guatemala se prevén inversiones de unos 1.835 millones de dólares para generar más de 920 megavatios, pero el "retraso" en esos proyectos, dijo el Ministerio de Energía y Minas, proviene de la fuerte oposición de las comunidades indígenas, que exigen al Estado que se tomen en cuenta sus opiniones sobre el tema.

Para superar ese obstáculo, el Gobierno del presidente guatemalteco, Álvaro Colom, trabaja en un reglamento que defina los mecanismos de participación de las comunidades indígenas en la aprobación de los proyectos hidroeléctricos y de explotación de recursos naturales.

Por su parte, Honduras, Nicaragua y El Salvador adelantaron grandes proyectos hidroeléctricos y de otras fuentes alternativas, como la eólica y geotérmica, sin que existan escollos legales o sociales que los frenen.

En Honduras hay en cartera varios proyectos hidroeléctricos, con el apoyo de trasnacionales como la china Sinohydro, de los cuales los cinco más importantes generarán unos 1.000 megavatios de energía y uno de ellos podría comenzar a operar este mismo año.

En Nicaragua, cuya demanda energética total es de 540 megavatios, se proyecta construir entre este año y 2016 varias plantas para producir 600 megavatios de energía eléctrica con fuentes renovables, con unas inversiones públicas y privadas de más de 2.000 millones de dólares. Con ello, el Gobierno de Managua pretende reducir la producción de energía eléctrica con derivados del petróleo de un 66 a un 8 o un 10 por ciento.

El Salvador cuenta actualmente con cuatro centrales hidroeléctricas, y se construye una quinta, el proyecto El Chaparral, que se espera que esté operativa a partir de 2013.

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