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Soria cree que la reforma energética que defenderá en el Congreso es justa y mejora la competitividad

Ante el rechazo suscitado en las filas del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y BNG, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que tiene previsto defender este martes en el Congreso de los Diputados su proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética , aseguró que para el sector energético tiene un impacto equilibrado entre todos los agentes del sistema y que, a la larga, favorecerá la competitividad de la industria española.

SERVIMEDIA - EUROPA PRESS    MADRID  29 · 10 · 2012

Durante su intervención en el XII Foro de Diálogo España-Italia, Soria reconoció que los impuestos recogidos en este proyecto, cuyo debate parlamentario comienza este martes, son "tremendamente impopulares", pero, de no aplicarse, el déficit de tarifa -generado porque los ingresos de sistema eléctrico no cubren los costes- se convertiría en pocos años en un problema financiero.

Soria sostuvo que de no corregirse el déficit de tarifa "podría dañar seriamente la capacidad competitiva de las empresas y de la economía en su conjunto" y que son "necesarias" porque de no implantarse podrían ocasionar una deuda de "50.000 millones de euros en los próximo cuatro años".

El ministro explicó que el ajuste se diseñó "de la manera más equitativa posible", de manera que parte de los impuestos van a las empresas generadoras de electricidad, parte a la factura de la luz -ya que se asume que las eléctricas van a repercutir las tasas- y parte a los Presupuestos Generales del Estado.

El Proyecto inicial no preveía pasar ninguno de los costes del sistema a Presupuestos, pero el Grupo Parlamentario Popular incorporó una enmienda en el último momento para que las cuentas públicas asuman el 38,3% de las subvenciones a las renovables.

Soria aseguró entender que estos agentes tengan "visiones a corto plazo", pero que la misión del Gobierno es estabilizar el sistema energético porque, en su opinión, esa es la clave para recuperar la competitividad de las grandes empresas españolas y, por tanto, la base de la reindustrialización.

Así, el responsable de Industria señaló que las políticas energéticas del Ejecutivo están encaminadas a generar un sistema energético "eficaz y seguro" que pueda hacer frente a la "vulnerabilidad" de las fuentes de las energías primarias. Además, dijo que el sistema energético deben ser "sostenible medioambiental, pero también financieramente".

Contra el proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética presentaron enmiendas a la totalidad PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, y BNG, en las que pidieron la devolución del texto al Gobierno alegando que plantea sólo "parches" con fines "recaudatorios" que perjudican la competitividad sin crear un modelo "sostenible" medioambiental o económicamente, y que supondrá un incremento en los precios que acabarán pagando los ciudadanos, si bien, debido a la mayoría absoluta parlamentaria que ostenta el Partido Popular, previsiblemente la reforma continuará su tramitación parlamentaria.

De hecho, los grupos ya presentaron enmiendas parciales al texto que el Gobierno envió al Congreso tras aprobarlo en el Consejo de Ministros del pasado 14 de septiembre.

El PSOE, en su enmienda a la totalidad, puso en duda la constitucionalidad de la norma porque asegura que la medida impositiva que conlleva la reforma no responde a los principios constitucionales, por lo que no rechazan recurrir la norma.

Además, la enmienda socialista alegó que "el Gobierno, lejos de solucionar el problema, puso un parche que se va a trasladar inevitablemente al precio de la electricidad, cuyos perjudicados van a ser los consumidores finales".

Además, el PSOE señaló que se "eleva la fiscalidad en el mercado para que las empresas eléctricas contribuyan a limitar una parte del déficit tarifario" pero "la mayoría de las subidas de impuestos no modifican el ’status quo’ de la regulación para que el déficit tarifario no se siga acumulando en el futuro".

"(El impuesto) ahonda en una clara desigualdad entre los contribuyentes, produciendo consecuencias económicas y jurídicas desproporcionadas entre los productores y dando lugar a que sea posiblemente confiscatorio, sancionador y penalizador, lo que sitúa a los contribuyentes en peores condiciones de competencia empresarial y restándoles oportunidades competitivas en el sector", dijeron los socialistas, que criticaron que el gravamen sólo recaerá en productores españoles.

El grupo socialista mantuvo que el impuesto medioambiental que la norma constituye "ni responde al objeto pretendido por la norma, protección del medio ambiente, ni respeta los principios rectores de la política tributaria española y comunitaria, ni los principios constitucionales". Esta enmienda a la totalidad será defendida por el socialista José Segura.

Por su parte, CiU argumentó su oposición total a la norma en que el Gobierno, "lejos de plantear una fiscalidad destinada a reorientar la política energética en favor del ahorro y la sostenibilidad energética, se basa en una fiscalidad recaudatoria con el único fin de reducir el déficit de tarifa eléctrico", algo que "se aleja de la idea de sostenibilidad energética en pro de la eficiencia y el ahorro que marca Europa".

"Participamos del objetivo", afirmaron, apostillando que ese fin debe perseguirse "a través de una estrategia energética que apueste decididamente por el ahorro y la eficiencia". "De aplicarse (este proyecto) desequilibraría aún más al sector en su conjunto, reduciendo su competitividad y dificultando la transición hacia un verdadero modelo de eficiencia y ahorro", insistieron.

Los catalanes apuntaron que el proyecto "posterga la definición de una estrategia energética a medio y largo plazo" y, sin embargo, "se tiende a la improvisación sin consenso, subestimando el impacto" en la economía.

Por último, alertaron de que la reforma comportará "notables incrementos en el precio de la energía" y "castiga significativamente" la competitividad industrial.

Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán será el encargado de defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, en la que aseguró que la nueva norma parte de un modelo energético conservador y añadió que su intención es "recaudatoria". A su juicio, el "auténtico objetivo" de la reforma es "paliar el déficit público con nuevos ingresos fiscales procedentes de la factura eléctrica, no la sostenibilidad medioambiental de la producción de energía".

Para la corporación magenta, la reforma energética es una "asignatura pendiente" para la que la crisis constituye una "oportunidad" y alertó de las "muy negativas" consecuencias que estas medidas tendrán en la competitividad, en el desarrollo de nuevos sectores tecnológicos "emergentes" y para la economía familiar, que será la que acabe cargando con el incremento de precios.

Y todo porque con sus medidas el Ejecutivo "no aporta claridad y transparencia" en un mercado "oscurantista", ni se ataca la raíz del problema del déficit de tarifa, sino que hace una "imposición indiscriminada, sin consideraciones de eficiencia ni de consecuencias", a todas las energías por igual.

Por su parte, en su enmienda a la totalidad, Izquierda Plural planteó un nuevo marco energético alternativo en el que se modifica impuestos ya existentes —como los de los hidrocarburos, para gravar por igual gasolina y diesel, o el IRPF para bonificar el uso de transporte público—, crea nuevos gravámenes —por ejemplo, sobre el almacenamiento nuclear, sobre los vertidos o sobre el uso de bolsas de plástico— y cambia la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan poner tasas por los residuos comerciales o tengan en cuenta el certificado energético de los edificios en el IBI, entre otras propuestas.

La coalición consideró que el texto del Gobierno es "confuso, demagógico" y nada eficaz en la lucha contra los verdaderos problemas del sector energético o en el cambio del modelo productivo, además de "miope", "confuso, demagógico" y "cortoplacista".

El Grupo Parlamentario Vasco presentó también una enmienda, que defenderá Pedro Azpiazu, en la que afirmó que la norma no cumple ninguno de los objetivos económicos y medioambientales previstos, sino "la imposición de puras y duras medidas fiscales mediante nuevos impuestos con el objetivo de intentar tapar el déficit de tarifa", a la cual consideraron hay que dar "solución urgente".

El PNV argumentó que la reforma tendrá "un impacto negativo en la economía y el empleo" por las afecciones a la competitividad económica y a los precios que pagarán los consumidores. Y ello sin cumplir los objetivos que se enuncian en el nombre del proyecto de ley.

Los nacionalistas vascos acusaron al Ejecutivo de "improvisar" sin tener en cuenta los "efectos colaterales" de este "parche" que no constituye "una verdadera reforma" del sector y del modelo, ni da garantías regulatorias a largo plazo. Por eso, pidió la retirada "constructiva" del proyecto para plantear una reforma "con más diálogo que lleve a un modelo sostenible de verdad".

Por su parte, la enmienda del BNG también expresó su compromiso con los objetivos de la ley, pero consideróa que el Gobierno no avanza en "la búsqueda de la sostenibilidad y de un sistema más eficiente y respetuoso", sino que se trata de medidas tributarias "recaudatorias" que "no son adecuadas para avanzar en una fiscalidad que desincentive la contaminación o internalice los costes" del sector.

Además de la contestación parlamentaria, la reforma impulsada por el Gobierno tuvo la respuesta de la industria, que publicó varias cartas abiertas en los medios de comunicación manifestando su oposición a la misma. Según las principales patronales industriales, la reforma provocará "el cierre de empresas en cadena" y pone "en riesgo" cuatro millones de puestos de trabajo.

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