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Energía Diario
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Resumen de lo publicado en torno a la reforma energética

Resumen de las consecuencias y los efectos cuantitativos y cualitativos de la reforma eléctrica para intentar sofocar el problema del déficit tarifario. Y presentación de otras consecuencias, más chuscas, que dejan en evidencia toda la propuesta y a sus autores.

ENERGÍA DIARIO    MADRID  08 · 08 · 2013

La acumulación de los efectos de la denominada reforma eléctrica para presuntamente intentar resolver el tema del déficit tarifario, presentada por el Gobierno en julio, tiene dos vertientes: una cuantitativa y otra cualitativa. Y, finalmente, hay una vertiente adicional más hilarante y chusca, propia de la forma de elaboración y de la defensa en términos de comunicación política que se hace de la misma.

En la vertiente cuantitativa, se ha conocido cómo se verán afectadas las distintas empresas y subsectores que participan en el suministro. En ese cómputo se han combinado la obligada evaluación de impacto por parte de los agentes, el proceso de alegaciones en la Comisión Nacional de Energía en la normativa, que ya ha pasado de forma exprés por el regulador independiente, y, finalmente, la presentación de los resultados de las empresas de lo que llevamos de año, que incorporan el efecto anualizado de la dichosa reforma.

En resumen, las cifras son las siguientes: las tres grandes empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) anunciaban en su presentación de resultados un impacto negativo de 1.375 millones de euros en sus cuentas (535 millones de euros en 2013 y 840 millones para 2014). Por empresas, Endesa tendría un perjuicio de 675 millones de euros, Iberdrola de entre 430 y 450 Millones de euros, por su parte, Gas Natural Fenosa en 270 millones de euros, cada una en función de su volumen, actividades y negocio en España. El efecto en la bolsa para este sector ha sido patente en este negro mes de julio de 2013.

Por su parte, el Ejecutivo señala que el recorte a las primas del régimen especial que se incluye en el paquete de medidas, será de 750 millones de euros, con especial impacto, nuevamente, en la tecnología de generación eólica. Esta tecnología cuenta con un grado de madurez mucho mayor que el resto de tecnologías renovables, estando más próxima a la paridad de precios con el mercado en su esquema retributivo. Así, todas las medidas normativas operadas en este año se han cebado con esta tecnología. La empresarialización del sector le ha jugado una mala pasada, en especial, a Acciona, Iberdrola y EDP.

Por su parte, el rebañe retributivo de las reformas en la tecnología fotovoltaica se amplifica en sus efectos derivado de lo que ha sido su esquema de promoción y de apalancamiento. Efectos para la banca, para el sistema financiero y quiebra de pequeños rentistas. Y, las menos afectadas, como era de esperar Abengoa y ACS, con fuertes intereses termosolares. Bueno, y Red Eléctrica de España, que compensa su ajuste con la autorización de nuevas inversiones en infraestructuras autoprescritas.

En términos de la factura, la cifra de incremento medio para los consumidores ha sido del 3,2%, al crecer los peajes el 6%, aunque el incremento del término de potencia sube entre el 12% y el 151%, aproximándose el recibo, cada vez más, a una tarifa plana. Por su parte, Hacienda reduce su participación en los costes regulados hasta la mitad de lo previsto inicialmente a principios de años (de 1.700 a 900 millones de euros). Industria se vuelve a dar la posibilidad de generar nuevo déficit en el futuro que sufragarán está vez ya obligatoriamente las empresas. Desaparece el bono social y se crea una tarifa social (revisando los criterios del bono social) que también va a cargo de las empresas.

En la parte cualitativa, el panorama es doblemente desalentador: escarnio a la distribución eléctrica; previsible judicialización y aluvión de arbitrajes internacionales por el delirante mecanismo instrumentado para la fijación de valores estándar y rentabilidad razonable vía regulada y retroactiva, con las miras puestas en intentar calzar la ocurrencia en el Tribunal Supremo; deterioro a chorros de la confianza en la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en nuestro país; recorte de inversiones (que las empresas han hecho ya público en sus presentaciones) y futuro deterioro de la calidad del suministro eléctrico; puentes rotos entre el Ministerio de Industria y el resto de autoridades económicas del Gobierno para hacerla más racional.

Y, para finalizar, más resultados ‘cualitativos’ de la reforma: avalancha de servicios jurídicos al calor de la llamada de la fuerte litigiosidad interior y exterior que se va a desatar; efectos de diplomacia económica muy peligrosos con países como Alemania, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea; empeoramiento, si cabe, de la credibilidad para el propio Ministerio, con errores hasta en la aritmética tarifaria, desnudados por los servicios técnicos de la CNE; consenso entre los expertos consultados en que es una reforma que no resuelve finalmente el problema y que, además, genera nuevos problemas, lo que es un ’cataclismo’ o una escabechina, además de reflejar la ausencia de política energética más allá del providencialismo.

En la parte hilarante y chusca (en la que habría que incluir los errores regulatorios y aritméticos), está la defensa del erre que erre, aferrados al mantra de hacer daño a todos, presentado en sociedad como “por igual”, sin negociación y sin relación con los agentes. Y declaraciones del ministro de Industria, Energía y Turismo, afirmando sin pudor, que otros países (sin déficit tarifario, con más comprensión del funcionamiento de los sectores empresariales, de los mercados de capitales, de la inversión, de la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria) van a hacer reformas con este mismo patrón.

En resumen, una reforma que va abandonada a su suerte, necesitada y seguramente sometida a grandes rectificaciones y abocada a la picota.

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