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El Tribunal de Justicia de la UE respalda las restricciones de capital a las empresas energéticas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que los Estados miembros pueden imponer restricciones a la circulación de capitales y al tipo de propiedad de las empresas energéticas, siempre que estas limitaciones protejan a los consumidores y la competencia leal.

EFE    MADRID  22 · 10 · 2013

En una sentencia hecha pública este martes, la corte de Luxemburgo dio la razón al Estado holandés en el caso que enfrentaba a éste con las compañías energéticas Essent, Eneco Holding y Delta, según informó el tribunal.

El motivo del litigio era una normativa reciente holandesa que impedía a un inversor privado adquirir o ser titular de acciones o de participaciones en el capital de un gestor de redes de distribución de electricidad y de gas en el territorio neerlandés (ley conocida como "prohibición de privatización" en este país).

Holanda también prohibió los vínculos de propiedad o de control entre sociedades que también formen parte de tal gestor y sociedades integradas en una empresa de producción, suministro o comercialización de electricidad o gas en territorio neerlandés ("prohibición de grupos").

La ley nacional impide asimismo que el gestor o el grupo al que pertenezca lleve a cabo actividades que puedan menoscabar la gestión de la red de que se trate.

En este contexto, Essent, Eneco y Delta interpusieron sendos recursos ante los órganos jurisdiccionales nacionales arguyendo que la normativa nacional era incompatible con la libre circulación de capitales, y el caso fue remitido finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En su sentencia, la Corte de Luxemburgo recordó que los tratados europeos permiten a los Estados miembros "perseguir legítimamente el objetivo consistente en establecer o mantener un régimen de propiedad pública de determinadas empresas".

Según el Tribunal, los objetivos de mantener una competencia leal para proteger a los consumidores y garantizar la seguridad del suministro de energía constituyen "razones imperiosas de interés general", y por tanto justifican la restricción de la circulación de capitales.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisó que los obstáculos de que se trata "deben ser adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzarlos", extremos que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

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