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Energía Diario
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Concepción Calzada: “En el Ministerio de Industria se aprecia una total falta de interés en el sector de la distribución, lo cual es una gran irresponsabilidad”

El sector de la distribución de los gases licuados del petróleo, conocido por el reparto de bombonas de butano, pasa por un momento difícil. Ante la competencia de alternativas como el gas ciudad o el gas natural, o los sistemas eléctricos, los distribuidores de butano se ven obligados a repartir las bombonas por zonas cada vez más dispersas y menos rentables. El precio está regulado, y la comisión que perciben las distribuidoras resulta insuficiente para cubrir sus costes. Concepción Calzada Hinojal, presidenta de la Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo, ha explicado a Energía Diario la situación que atraviesa el sector en este momento y cuáles son sus peticiones para evitar que el público pague las consecuencias con faltas de abastecimiento.

JASON ELLIOTT HARRIS / A. JIMENEZ    MADRID  04 · 09 · 2007

PREGUNTA.- El sector de la distribución de gases licuados del petróleo (GLP) se enfrenta a importantes dificultades. ¿Cuáles son los rasgos característicos del sector y qué problemas lo amenazan?

RESPUESTA.- El sector de distribución tiene unas características singulares. En primer lugar, se trata de un sector regulado por el Estado, con una Ley de Hidrocarburos que regula las formas de distribución, y también existe un precio regulado. En segundo lugar, el Reglamento que desarrolla esa ley, y que podría dar origen a fórmulas de liberalización, no ha sido desarrollado por el Estado. La falta del desarrollo reglamentario de esa ley impide, entre otras cosas, que un distribuidor pueda vender más de una marca de bombonas. La tercera característica de este sector es que los distribuidores somos comisionistas, lo que implica que un distribuidor sólo puede vender bombonas de una marca y tiene una zona asignada, de la que no puede salir. Y dentro de esa zona, tiene la obligación de mantener el servicio domiciliario.

Uno de esos problemas es que las viviendas que se actualizan a alternativas como el gas natural pertenecen, por lo general, a grandes núcleos urbanos, mientras que las zonas rurales o viviendas aisladas en entornos rurales siguen sirviéndose de la bombona de butano, lo que quiere decir que la distribución se hace cada vez más difícil.

Los distribuidores reciben una media aproximada de dos euros de comisión por bombona. De esos dos euros, el distribuidor tiene que pagarlo todo: las oficinas, los salarios, los almacenes, los seguros, los camiones, el gasóleo... En las zonas donde el reparto es más próximo (zonas urbanas), la introducción de gas natural en las viviendas reduce la distribución de butano en un porcentaje aproximado del 35%.

Las zonas más rentables para la distribución son aquellas en las que ésta está desapareciendo, precisamente por la entrada de otras fuentes de energía. Se puede dar, por tanto, la situación de que un distribuidor tenga que repartir un par de bombonas hasta una distancia de 50 kilómetros. Si se tiene en cuenta que el distribuidor recibe dos euros de comisión por bombona, se puede entender perfectamente el grave problema que atraviesa el sector.

Se trata de un sector maduro, en recesión, con fuerte competencia de otras fuentes de energía, y con una cuota de mercado decreciente, aunque todavía existen 10 millones de usuarios. Pero están desperdigados; el Estado regula el precio; la normativa dificulta aún más la situación (España es el único lugar de Europa donde existe el servicio domiciliario obligatorio); el distribuidor tiene contrato de exclusividad con una operadora; y el propio Estado no desarrolla el reglamento.

Pero además de éstos, existen otros problemas. Las nuevas operadoras sólo renuevan los contratos cada cuatro años. Hablamos, por tanto, de regulación estatal, pero en un sistema de contratación privada.

Y otra cuestión: la subida del precio de la bombona no implica que a los distribuidores se les suba la comisión que perciben. Son las operadoras las que deciden la comisión que dan a sus distribuidores. Cada año se revisa el precio de la bombona con el IPC, pero las operadoras pueden decidir libremente si incrementan la comisión que perciben los distribuidores.

Las principales operadoras existentes en el mercado son Repsol, Cepsa y Galp. Repsol es la que ostenta la mayor cuota de mercado, con un 80% aproximadamente, seguida de Cepsa, con un 15%, y de Galp, con un 5% (cifras redondeadas).

Pero ahí no se acaban los problemas para los distribuidores. Lógicamente, las diferentes obligaciones a las que estamos sometidos se incrementan: criterios de seguridad de almacenamiento, contaminación de suelos, aspectos medioambientales, zonas de evacuación…

"SE TRATA DE UN SECTOR MADURO, EN RECESIÓN, CON FUERTE COMPETENCIA DE OTRAS FUENTES DE ENERGÍA, Y CON UNA CUOTA DE MERCADO DECRECIENTE, AUNQUE TODAVÍA EXISTEN DIEZ MILLONES DE USUARIOS"

Además, hay que tener en cuenta que un repartidor mueve al día, de media, 3.600 kilos sobre sus espaldas, incluso más. Y en la mayoría de las ocasiones, las bombonas se tienen que subir varios pisos sin ascensor, porque las viviendas que no tienen instalación de gas natural son también las más antiguas y no disponen de ascensor.

Actualmente, los conductores necesitan ahora el carnet de mercancías peligrosas para llevar los camiones de butano. Pero un conductor preparado, con esta especialización, no quiere trabajar como repartidor de butano, y es lógico. Es un trabajo muy duro en el que hace falta llevar mucho peso sobre la espalda. Ésa es, a grandes rasgos, la situación del sector.

PREGUNTA.- Ustedes han expresado una serie de demandas al Ministerio de Industria… ¿de qué exigencias se trata?

RESPUESTA.- Nos hemos entrevistado en varias ocasiones con la presidenta y con el Consejo de la Comisión Nacional de Energía. Hemos solicitado un estudio de costes y, sobre todo, diferenciado. Necesitamos un estudio que sirva de referencia, porque la distribución no cubre nuestros costes. El estudio de la CNE no es vinculante, pero la Comisión es un organismo lo suficientemente importante como para que ese estudio sea tenido en cuenta.

También ha habido demandas al propio Ministerio de Industria. Sin embargo, el problema que existe con el Ministerio es la falta de interés generalizado en el sector, lo cual es una irresponsabilidad. Lo primero que pedimos al Ministerio es que se siente. Entendemos que la distribución tiene que ser un sector regulado, y también entendemos que debe ser un sector competitivo, que funcione. Pero mientras el Ministerio intervenga en el sector, se tendrá que sentar con las operadoras, con los distribuidores, y con los sindicatos. Nosotros somos empresarios, y no tenemos ningún inconveniente en que se sienten los sindicatos.

Hay que constituir una mesa en la que se analice qué sector es viable, cómo se puede regular, y qué ocurre con la quiebra de las pequeñas empresas, que viene provocada por una regulación estándar. Si el mercado estuviera liberalizado, y si cada empresario pudiera vender todas las marcas, existiría una competencia real. Pero si el Ministerio decide regular, entonces que lo haga, pero que además asuma las responsabilidades de esta regulación.

Necesitamos y pedimos un trabajo serio. Hemos presentado todo tipo de estudios y estamos cansados de que no se tome este asunto con seriedad. Hay que buscar la forma de organizar el sector. Pedimos también que se desarrolle un reglamento que nos permita libertad a la hora de comercializar en exclusiva o distintas marcas. Y mientras el Ministerio mantenga el precio, pedimos que se proteja la comisión que percibimos.

También pedimos que la bombona tenga un precio fijo en el punto de venta, y aparte, por el servicio domiciliario, podamos cobrar un precio de un euro y medio. Creemos que no es una cifra disparatada por llevar a hombros una bombona de 27 kilos.

Tengamos en cuenta otro factor. Se acaba de celebrar el 50 aniversario de la bombona de Repsol, que no ha sufrido ninguna mejora en todo este tiempo. Si se aligerara la bombona siete kilos, un hombre podría llevar a la espalda 1.000 kilos diarios menos, y eso repercutiría en las arcas públicas, ya que estamos hablando de salud y enfermedades, que pagamos todos con nuestros impuestos. Las empresas con grandes ganancias tienen una obligación, y también es competencia del Estado. Obligación de invertir en I+D.

PREGUNTA.- ¿Cómo ve, en las circunstancias actuales, el futuro del sector, teniendo en cuenta que en España hay 10 millones de usuarios pero que se trata de un sector en decadencia?

RESPUESTA.- La distribución de GLP es un sector maduro y en absoluta recesión, pero también es cierto que es un sector ordenado. Y por ello se podría evitar el cierre de 30 empresas anuales, que es la media. Además hay que tener en cuenta que la mayoría de los distribuidores, que también son instaladores, forman parte de una extensísima red de distribución, y tienen una experiencia que las operadoras deberían aprovechar y usar en su propio beneficio.

Si yo tengo una red de distribución y un negocio montado, y el 90% de la red somos instaladores y conocemos el mercado a la perfección, debería crearse un sistema de empresas que garantice que al usuario le llegue el gas a casa. Es necesario aprovechar ese servicio, y la experiencia, y reciclar el sector. La actual red de distribución de butano se puede emplear para resolver todos los problemas de contadores, lecturas… y evitar así dejar a los distribuidores obsoletos y arrinconados.

Creemos que se está desaprovechando mucho capital, y no sólo capital humano.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora las relaciones con el Ministerio y con la Comisión Nacional de Energía?

RESPUESTA.- Como dos cosas completamente diferentes. Mi valoración del Ministerio es absolutamente negativa. Considero que Industria no se toma este problema con seriedad, a pesar de que lo estamos pagando todos. En mi opinión, la forma en la que se está tratando este asunto es una irresponsabilidad tanto por parte del ministro Joan Clos como del propio secretario general de Energía, Ignasi Nieto.

A mi entender, este ministerio se está ocupando demasiado de problemas que pueden tener su importancia en materia macroeconómica, como las famosas “opas”; pero se está olvidando de los temas que afectan más directamente al ciudadano. Por ejemplo, las caídas de luz. Y muchas otras cosas. Por supuesto, en el tema del butano, mi valoración del Ministerio es muy negativa. Sobre todo porque no se ha tomado el problema en serio.

Creo que a la cúpula del Ministerio de Industria, el problema no le interesa absolutamente nada, como tampoco el problema de los 10 millones de usuarios. No les interesa acometer una reestructuración del sector, porque la bombona es un elemento político. Al final, el más perjudicado será el usuario de las zonas más desfavorecidas y alejadas.

En el caso de la Comisión Nacional de Energía, no obstante, el planteamiento ha sido totalmente distinto. La CNE se ha puesto seriamente a hacer su trabajo. No sé cuál será el resultado, pero hemos sentido que la Comisión se ha tomado en serio el problema y está realizando su trabajo, y lo está haciendo con profesionalidad.

PREGUNTA.- ¿Qué va a ocurrir con los usuarios?

RESPUESTA.- Ya está empezando a haber problemas de desabastecimiento en zonas de Guadalajara, de Soria, en zonas de despoblación. La figura del butanero tiene mucho de relación familiar, es un poco de la España de hace cuarenta años, y quizá por eso no entendemos que deba darse una falta de abastecimiento en las zonas más alejadas, si el planteamiento de las redes y el trabajo es sensato. Nos hemos planteado la posibilidad de emprender movilizaciones este mes. Estamos esperando a ver qué ocurre, pues el estudio de la CNE se conocerá entre septiembre y octubre. También estamos esperando el resultado de nuestras reuniones con todos los grupos parlamentarios, con los portavoces de la Comisión de Industria del Parlamento. Ya hay una proposición no de ley emitida por el BNG, aunque no sabemos si se van a sumar el resto de los grupos. La pelota está en manos del Ministerio.

PREGUNTA.- ¿Qué esperan del estudio de la CNE?

RESPUESTA.- Que se haga un estudio real de nuestros costes de distribución. Debe determinar qué le cuesta de media a un distribuidor llevar una bombona. Nosotros lo sabemos, hemos hecho nuestros estudios.

La bombona en España tiene el precio más bajo de Europa. En Portugal, sin servicio domiciliario, la bombona cuesta aproximadamente unos cinco euros más que en España, y eso sin contar con el reparto a domicilio. Con lo cual estamos hablando de que la bombona tendrá que subir de precio. El ministerio tiene que mantener un coste político. ¿Cuál? Eso dependerá del Estado. El estado tendrá que dar el servicio que considere apropiado a los ciudadanos. Lo único que pedimos es no tener que hacer dumping, es decir, trabajar por debajo de nuestros costes. Esperamos de la CNE simplemente conocer nuestros costes, y ver cuál tiene que ser su contribución de estos costes. ¿Que hay que optimizar la red? De acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y hacer todo lo que haya que hacer para que los usuarios estén servidos.

Esperamos contar con una herramienta en la que nuestros costes figuren de forma que nadie nos los pueda discutir. Porque de lo contrario, vivimos de la Comisión, que es un organismo independiente, no vinculante, pero muy prestigiado en cuanto a estudios.

PREGUNTA.- ¿Cuál es la relación de los distribuidores con las operadoras? Y en el nivel corporativo, ¿cuál es la posición de las operadoras en este conflicto?

RESPUESTA.- Todavía quedan elementos paternalistas, en el peor sentido de la palabra. Muchos son pequeños distribuidores cuyo negocio ha sido ése durante toda su vida, con empresas que han ido cayendo y con unas operadoras que no han dado prácticamente entrada en otros negocios a la propia red. La relación es cordial, pero no real. Ése es el concepto. Es una relación amable y cordial, pero un tanto paternalista, que recuerda a relaciones ya obsoletas.

En cuanto a este conflicto entre las operadoras y el Ministerio, están en bastante sintonía en este instante. Con el anterior secretario de estado de energía, Antonio Fernández Segura, la posición fue distinta. Segura dice que quien garantiza el servicio público con las operadoras -cosa que no es cierta, porque el día que nos plantemos los distribuidores a ver quién lo garantiza- y está apostando con dinero público por las grandes empresas privadas.

En el caso de las operadoras, algunas quieren la liberalización inmediata y total del mercado, y otras, que el mercado se liberalice en dos años. Las posturas son distintas. Si vamos al mercado, vamos al precio libre y a la posibilidad de que entren otras operadoras. Dentro de una economía liberal de mercado, eso es lo lógico.

Ahora, por ejemplo, han solicitado la liberalización del precio de la bombona de 35 kilos. De todas maneras tampoco las operadoras, como el Ministerio, están trabajando a salto de mata; sólo hemos tenido una reunión, y las operadoras quieren que el Ministerio regule sus contratos privados con sus distribuidores.

Lo lógico es que trabajemos operadoras, patronal y Ministerio, todos juntos. Pero las operadoras no quieren eso, prefieren mantener su propio privilegio y su distancia. Siendo empresas muy modernas, curiosamente sus relaciones laborales son muy anticuadas. Con un concepto terriblemente antiguo de cuál es la relación que se debe establecer con un distribuidor o con un canal de distribución.

En este concepto, las operadoras van por su propio camino, y nosotros estamos trazando puntos que creemos que deberían de ser comunes. Si vamos a reestructurar el sector, vamos a hablar en común de cómo se organiza, de cómo se va a estructurar, etcétera.

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