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Energía Diario
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Juan Manuel Eguiagaray. Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y Ex Ministro de Industria y Energía (2ª. PARTE)

“El Gobierno debe aceptar una dosis de riesgo en el papel de los órganos reguladores”

En esta segunda parte, hablamos de cuestiones relacionadas con la organización instituacional y de los órganos reguladores españoles, el papel del Gobierno y la política exterior energética y la polémica con que se cerró la ultima legislatura, la detracción de derechos de emisión en el sector eléctrico.

ENERGÍA DIARIO    MADRID  12 · 03 · 2008

PREGUNTA.- En el capítulo que ha escrito usted del libro, hace una reflexión sobre dos cuestiones relacionadas con la articulación institucional en el mundo energético. Por un lado, el regulador independiente, la CNE, y por otro el Gobierno, así como la interrelación entre ambos. Destaca que el Gobierno tiene que perder miedo a buscar un regulador más independiente, y por otro lado, que se ha centrado en los últimos tiempos en una regulación muy de detalle.

RESPUESTA.- Creo que el Gobierno debe aceptar una cierta dosis de riesgo, aunque sea controlado. Ese riesgo consiste en prescindir de ciertas funciones en su tarea de regulación estricta para concentrarse en orientaciones mucho más estratégicas.

Los servicios profesionales de la Comisión Nacional de Energía que se dedican a la regulación, además de competentes, son infinitamente más numerosos que los que están al servicio del Gobierno en la Secretaría General de Energía. En ésta última tienen que estar presentes titulares muy potentes, muy capaces, con gran visión, pero cuyos medios están muy alejados de la función que en última instancia debe tener.

El Gobierno debe estar más orientado a una tarea que es imprescindible y en la que nadie puede sustituirle. Se trata de los temas de seguridad, de planificación estratégica, de reorientación estratégica del sector... Esta tarea no va a recaer ni sobre el mercado, ni sobre ningún regulador.

El Gobierno no debe estar tan centrado en regular aspectos concretos en órdenes ministeriales, decretos o la primas, lo que le tiene inmerso en efectos retributivos de las mismas. Estas cuestiones le restan capacidad y concentración para resolver los problemas en los que el Ejecutivo sí es competente.

La Comisión de Energía, bien orientada, ha de ser inmune a cualquier intromisión de los regulados. Hoy, salvo pocas cuestiones, las resoluciones de la CNE son recurribles ante su superior jerárquico (el Ministerio). Eso pone de manifiesto la existencia de inseguridad en la propia Comisión, y demasiadas veces en el último año hemos asistido a las desautorizaciones del Ministerio a la CNE.

El sector debe de contar con una ley y unas normas claras. Al Gobierno y al Parlamento les corresponde orientarlas, y a la Comisión le corresponde preparar el marco técnico de las mismas. El Gobierno debe dedicarse a cuestiones más globales, estratégicas y menos de detalle.

PREGUNTA.- ¿En principio, como resultado de esta relación entre la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno, también hay actores que han cobrado un papel relevante en el ámbito energético, como es en el operador de transporte y de red, en este caso, Red Eléctrica. Desde algunas instancias se señala que su capacidad de influencia o de condicionamiento regulatorio es muy importante. En el contexto del debate europeo sobre la articulación del debate de como organizar la operación del sistema y transporte (ISO o TSO), ¿cuál considera que debe ser el papel de los operadores? ¿Deben estar integrados el transporte y el sistema?

RESPUESTA.- España acertó cuando configuró la actual Red Eléctrica. Fue la única nacionalización que hizo el Gobierno en 1982, en la red de alta tensión. Y a partir de ahí se creó la figura del TSO, relativamente novedosa, y que hoy resulta ser el modelo arquetípico. Un modelo que hemos exportado y que ha servido de inspiración a otros países. También ha servido para garantizar un cierto grado de neutralidad, y para convertir el transporte y la operación del sistema en un ejercicio muy técnico, muy profesional, muy bien llevado. En mi opinión, podemos sentirnos razonablemente satisfechos por esa actividad en concreto a lo largo de su historia.

Yo soy partidario de hacer una definición y distinción clara entre transporte y distribución y distribuir estas actividades entre distintos agentes, sin volver a mezclarlas. Hay determinadas actividades que, cuando no se separan con suficiente claridad, provocan dificultades a la hora de atribuir responsabilidades (léase el caso del apagón de Barcelona y otros incidentes recientes). Cuanto más avancemos en esa separación, mejor.

PREGUNTA.- En materia de política exterior energética, en 2007 hemos estado muy pendientes de la relación con Argelia por la cuestión del gas. Y también de determinados movimientos corporativos, como la configuración del gasoducto Medgaz y la participación de determinadas empresas españolas en él, como Gas Natural e Iberdrola. ¿Cuáles deben ser las líneas estratégicas de la política exterior en materia de energía?

RESPUESTA.- Algunos intereses nuestros son claros. Argelia es nuestro proveedor y lo seguirá siendo. La asociación con este país ha sido fructífera, a pesar de los problemas y las dificultades que Argelia ha tenido, y su situación política, económica y social. Eso siempre ha funcionado bien.

Además, no tenemos fuentes alternativas que puedan competir razonablemente para un determinado tipo de suministros. Por ello es bueno mantener, consolidar y reforzar esa cooperación, ya que Argelia es prácticamente insustituible, a pesar de la diversificación que llevamos practicando desde hace años para contar con suministros de muchos otros lugares.

Debemos no olvidar que España es un país del sur, mediterráneo, y relativamente fuera del eje central de la Unión Europea, lo que implica que la política energética de la UE se haya centrado mucho más en los intereses y objetivos de los países centrales, tanto en términos de situación geográfica como de peso político.

Por tanto España debe llevar a cabo políticas bilaterales y directas con los países suministradores, hacerse oír y conseguir que la orientación de la política energética europea no sea sólo sensible a los países centrales, sino también a los países mediterráneos.

Al igual que Europa tiene que formar parte de los foros multinacionales, España debe, a través de la Unión, o por propia iniciativa, formar parte de los más amplios foros en los que se debaten cuestiones no siempre relacionadas con intereses energéticos, sino de cooperación.

Puesto que el tema de la seguridad energética es clave, el factor de cooperación internacional es piedra angular de cualquier política de defensa de intereses en la que se deban conjugar los intereses propios y los ajenos. En esos foros, España tiene que dar la mejor imagen posible y usar la mejor de sus habilidades para conseguir que su contribución haga factible la defensa de sus propios intereses y necesidades.

PREGUNTA.- Usted ha tenido responsabilidades de gobierno en varios ministerios. Además, la primera reforma del sector eléctrico se realizó cuando usted era Ministro de Industria. Si tuviéramos que elaborar una guía de cuatro o cinco cuestiones prioritarias para la próxima legislatura en términos de política energética, ¿cuáles señalaría?

RESPUESTA.- Hay muchas cuestiones de detalle que seguramente deben figurar en la agenda del secretario general de Energía o del ministro de Industria. Uno de los temas fundamentales es el de la tarifa, el déficit tarifario como problema y la articulación de la tarifa de último recurso en el marco del proceso de liberalización del mercado eléctrico.

Algunas cuestiones relacionadas con criterios de retribución están todavía insuficientemente tratados. Hablamos de garantía de potencia, aunque es una cuestión relativamente resuelta. También podría resultar necesario retocar las cuestiones relativas a emisiones de CO2.

Es muy importante conseguir una estabilidad en los criterios retributivos. Se habla de la necesidad de seguridad jurídica, pero es muy difícil que no haya retoques posteriores. A veces se producen desviaciones no previstas, como ocurrió con las fuentes renovables. Puede que sea necesario aplicar retoques, pero los criterios retributivos deben de ser estables.

Y en lo referente a las tarifas industriales, en ese ámbito todavía hay quienes se encuentran a gusto fuera de la retribución de mercado, pues el marco de regulación tarifaria actual resulta muy beneficioso para ellos. Los grandes consumidores de energía a menudo cuentan con tarifas que son resultado de un acomodo que tendrá que acabar siendo parcialmente modificado. Las eléctricas creen que estos sectores tienen que pagar más y probablemente tenga que producirse algún cambio, pero eso afectará a la competitividad de las empresas. Por el momento no hay acuerdos.

El problema principal es contar con una regulación que sirva para fiarnos de las señales que vienen de los precios. Introducir mecanismos para evitar el abuso del mercado es importante para que ni la Administración, ni los ciudadanos, piensen erróneamente que estamos ante un mercado competitivo pero que realmente se trata de un mercado colusorio, no transparente y manipulado. El mercado debe ser competitivo, transparente, eficiente, que incentive las diferentes tecnologías mediante retribución de inversiones, pero que al mismo tiempo no sea un mercado influido exclusivamente por la oferta sino también por la demanda.

En resumen, son cuestiones fundamentales el déficit de tarifa, las tarifas, el ahorro y eficiencia energética y fomento de las energías renovables, teniendo en cuenta los compromisos de lucha contra el cambio climático y los adquiridos en el marco del protocolo de Kyoto.

PREGUNTA.- ¿También incluiría en ese grupo los cambios institucionales de la CNE que usted apunta?

RESPUESTA.- Ese no es un tema inmediato, entre otras cosas porque hay un mandato para la Comisión, y eso también tiene sus plazos. No obstante, la orientación de estos cambios deben ir dirigidos a lo que antes le comentaba sobre los papeles de la Comisión Nacional y la Secretaria General de Energía.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora medidas como el mecanismo de otorgamiento y detracción de los derechos de emisión de CO2?

RESPUESTA.- Esta es una cuestión que ha suscitado polémica. Se ha hecho en forma de decreto-ley para poder efectuar ajustes posteriores. Las compañías no están de acuerdo en la forma en que se ha llevado a cabo esta asignación de derechos ni en la detracción de los mismos. También son diferentes las posiciones según las distintas compañías en esta materia.

PREGUNTA.- De una forma general, incluso por parte de UNESA, se ha criticado esa detracción…

RESPUESTA.- La detracción en sí me parece menos discutible. Creo que eso tiene su sentido, otra cosa es el cómo y con qué criterios se ha realizado.

PREGUNTA.- ¿Añadiría algo a todo lo dicho en la entrevista acerca de la posible opa de EDF sobre Iberdrola?

RESPUESTA.- No se puede ser insensible a la concentración sabiendo que puede significar poderes que podrían usarse contra el consumidor. En España hemos tenido cuidado de no propiciar una suma de las empresas nacionales en una única. Y, aunque estemos bajo la ficción de un mercado europeo, todavía no estamos en un mercado continental. Seguimos siendo un mercado español en muy buena medida.

En el mercado europeo no compiten todas las empresas para producir la mercancía (electricidad) que necesitamos los españoles, sino sólo las empresas que se encuentran en la Península, que son un número limitado, aunque exista la posibilidad de que en el mercado entren corporaciones de distintos países.

Habría que darle una vuelta de tuerca al ejercicio de la competencia en el mercado español. Operaciones que hasta ahora han sido consideradas escasamente viables a la luz de los precedentes del Tribunal de Defensa de la Competencia, o del propio Gobierno, podrían ser posibles. La situación que se está produciendo en la UE puede hacer pensar que dadas ciertas circunstancias, garantizando ciertos aspectos de competencia. No es imposible pensar en algunas operaciones de concentración en el mercado español que hagan que las empresas existentes tengan algo más de peso o más de fuerza, sin por ello dejar de competir o ser menos rivales en el mercado.

Estoy en contra de la asimetría existente. Nunca he tenido problema en defender empresas públicas si actúan en las mismas condiciones que las empresas privadas, pero sí si las empresas públicas son simplemente delegaciones del gobierno, no se pueden tener un trato equiparable. No es posible comprar empreass en Francia, pero Francia sí puede comprar una empresa española. No es razonable mantener esta situación.

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