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Los consumidores domésticos ante la liberalización del sector energético


- La jornada informativa organizada por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) reunió a los principales agentes implicados (administración, consumidores y empresas) ante la subida de las tarifas eléctricas el pasado 1 de julio.

JORGE GARCÍA GONZÁLEZ    MADRID  09 · 07 · 2008

Con el objeto de debatir el modelo de liberalización, así como las tarifas del sector eléctrico, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) organizó la jornada “Los consumidores domésticos ante la liberalización del sector energético y la protección de sus derechos económicos en España y en la Unión Europea”. Las nuevas modalidades de contratación, así como la revisión de las tarifas eléctricas hicieron oportuna la celebración de esta jornada, celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Francisca Sauquillo, Presidenta del CCU, fue la encargada de inaugurar el acto, en el que anunció que propondrán, después del verano, que se obligue a los operadores eléctricos a “facilitar información comprensible en sus recibos de la luz”, sobre el consumo realizado, así como la posibilidad de que se incluyan ofertas de otras empresas disponibles en la zona de cada cliente.

La tarifa de ahorro eficiente del ministerio

El encargado de abrir las mesas ponentes fue el Subdirector General de Energía Eléctrica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Ramos García, que hizo un repaso por todas las fases de la liberalización del suministro eléctrico. Recordó que ya en 1997 se recomendaba la desaparición de las tarifas y que, desde 2003, cualquier consumidor de alta o baja tensión podía comprar su electricidad con el comercializador que quisiera. En enero de 2007 desaparecieron las tarifas específicas de alumbrado y en julio de 2008 las tarifas de alta tensión, incluidas las de riego.

Para enero de 2009 desaparecerán todas las tarifas, dando paso al suministro de último recurso, al que sólo se podrán acoger usuarios de baja tensión que no superen una potencia de 50 kW, aunque “esta potencia puede ser modificada por el Gobierno” dijo Ramos García. En este sentido, apuntó que “Bruselas no aceptará tal potencia, puesto que la UE ha propuesto 10 kW. Desde España propondremos los 15 kW”.

En cuanto a la tarifa de último recurso, explicó que “trata de favorecer a los usuarios más desprotegidos, es decir a los pequeños usuarios y empresas” y que serán suministrados por los comercializadores que se determinen en su momento.

Respecto a la subida de tarifas marcadas desde el mes de julio, Ramos García defendió la postura del Ministerio de subir un 5,6 % de media “por ser el dato más bajo en la orquilla ofrecida por el informe de la CNE, que se postulaba por subir la tarifa un 11%. Por eso entendemos, que se trata de una subida razonable que fomenta el ahorro y la eficiencia en los domicilios, y de paso nos acercamos a los costes reales del sistema”.

Eduardo Ramos García reiteró la desaparición de la tarifa nocturna, a favor de la tarifa con discriminación, con la que “se pagará por la demanda de electricidad solicitada”. Con la tarifa nocturna, las horas punta eran 16 y ahora serán 10 (entre las 12 y las 22 horas), mientras que las horas valle suponían 8 y ahora con la tarifa por discriminación pasan a ser 14 (entre las 22 y las 12 horas). Los descuentos se mantienen y pasan de un 53% al 47%, siendo los recargos en las horas punta los que sufrirán el mayor golpe de este cambio, al pasar de una penalización del 3% a una del 35%. Según Ramos García, “ahora se puede desplazar carga y consumo eléctrico a las horas valle, por lo que se podrán obtener ahorros respecto a la tarifa nocturna”.

Por último, se refirió al déficit tarifario, que cifró en 14.000 millones de euros. Para el subdirector general de energía del ministerio, “los consumidores tienen que pagar por toda la cadena de suministro (generación, transporte y distribución), como contraprestación al dinero adelantado por las eléctricas para sufragar los costes”.

Ruscalleda se hace eco de Energía Diario

La siguiente ponencia corrió a cargo de Sebastiá Ruscalleda, Consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Abrió su discurso haciendo referencia al artículo “Meter las cabras en el corral” publicado en Energía Diario, recientemente. “No soy pastor, soy hijo de pescador… y los consumidores no son cabras” matizó.

Anécdotas a un lado, Ruscalleda afirmó que “la mejor energía es la que no se consume” y defendió la necesidad de ofrecer a los consumidores una mejor información que la que tiene, pues “tienen el mismo peso que las empresas y los suministradores” en el entramado eléctrico. Por eso, la CNE apuesta por el desglose de la factura eléctrica con el objetivo de “luchar por una mayor transparencia”. Al fin y al cabo, “los consumidores domésticos pagan el 52% de la factura eléctrica”.

En cuanto a los costes del sistema eléctrico, el consejero de la CNE, los dividió en costes de generación, que incluye el sistema peninsular (con mercados al contado y mercados a plazo) y el extrapeninsular (Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), la retribución del transporte y la distribución y los costes de la comercialización. A estos se unen los costes de diversificación y seguridad del abastecimiento, los costes permanentes y la prima del régimen especial.

También comentó las tasas e impuestos que se aplican sobre la facturación de las tarifas eléctricas. Por un lado, el impuesto sobre la electricidad que representa el 4,864% de la facturación previa al IVA, que suma un 16% al suministro eléctrico. Respecto al déficit tarifario, Ruscalleda dijo que “es producto de la regulación y por responsabilidad, y para respetar los compromisos del pasado, lo que se debe, se paga”.

Faura destacó la excesiva factura de los consumidores

La tercera mesa la abanderó Ignasi Faura, representante de Hispacoop y vocal de los consumidores domésticos en el Consejo Consultivo de la Electricidad en la CNE. Faura destacó que “los consumidores domésticos forman el principal agente de consumo, al constituir el 97% de los abonados, con un consumo del 41% de la energía y el 70% de la potencia facturada”. Por este motivo, Faura consideró que “los consumidores pagan más de lo que les correspondería, respecto a los grandes consumidores y empresas”.

Sobre el déficit tarifario (que supone un 17,6% de la tarifa eléctrica), afirmó que “es, en teoría, la diferencia entre el precio real de la electricidad y las tarifas aplicadas” y puntualizó que “no es lícito acumular una deuda sin contar con los deudores”.

Asimismo, hizo hincapié en las cargas tributarias de los consumidores. Al 16% de IVA y al 5% del impuesto eléctrico ya mencionados, hay que añadir el 1,5% del impuesto de los municipios y el impuesto marcado por algunas comunidades autónomas, “lo que fija la carga tributaria en, al menos, un 22,5%” sentenció Faura.

Del mismo modo, enumeró las primas y cuotas incorporadas en la tarifa eléctrica: la prima del régimen rspecial con un 9,45%; la compensación insular y extrapeninsular con un 6,97%; la viabilidad de Elcogas, carbón, nuclear y residuos con un 0.91%; así como la calidad del servicio, el plan de ahorro y el operador de mercado. Por todo ello, señaló que “hay que revisar el concepto de tarifa eléctrica” y recomendó “iniciar un debate abierto y franco entre la administración y los consumidores”.

Bañón, la opinión más polémica

Para terminar la ronda de ponencias matutinas, Alberto Bañón, Director de Regulación de la Asociación de la Industria Eléctrica (UNESA) calentó los ánimos de los allí congregados con sus posiciones. “La subida de tarifas se ha convertido en un hecho noticiable. Se trata de una decisión tomada por un Gobierno y que afecta a casi todos los ciudadanos, pero no por su relevancia económica o por los cambios regulatorios”.

La factura de la electricidad no se puede considerar una cantidad importante. Pagamos anualmente una media de 400 €, por lo que esta medida no tiene tanto impacto económico como los medios de comunicación quieren hacer ver” afirmó rotundo Bañón. Y añadió que “la liberalización se produjo hace diez años, por lo que estos cambios regulatorios ya estaban previstos desde hace tiempo”. Como colofón a su disertación aseguró que “hoy en día se paga por la energía eléctrica lo mismo que hace diez años. Si los precios han estado congelados, es normal que ahora suban de golpe”.

Campaña informativa del IDAE e INC

Tras el almuerzo, la jornada convocada por la CCU, continuó con una mesa redonda en la que se abordó la problemática de la liberalización y las tarifas, así como la calidad del servicio y los derechos de los consumidores domésticos respecto a la energía eléctrica. Inmediatamente después, Pablo Benavides, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores para temas energéticos y Embajador de España habló sobre los servicios y los derechos de los consumidores en relación con la energía en la Unión Europea.

Para clausurar el acto, Etelvina Andreu, Directora del Instituo Nacional de Consumo, informó del próximo lanzamiento de una campaña informativa, llevada a cabo por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Instituto Nacional de Consumo (INC), y cuyo objetivo será que los consumidores conozcan la potencia real que deberán contratar para ahorrar en su recibo de la luz.

Andreu subrayó que en determinados hogares “está sobredimensionada la potencia eléctrica contratada sin que las familias lo sepan, porque los plomos nunca saltan”. Por ello, Andreu invitó a los ciudadanos a comprobar en sus recibos cuánta potencia tienen contratada y a no seguir el dicho “más vale que sobre que no que falte” pues, en el caso de la energía, “lo mejor es calcular lo que se necesita”, concluyó.

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