Untitled Document
Energía Diario
« Opinión - Análisis / Entrevistas

ANA LUISA DURÁN FRAGUAS (PRIMERA PARTE). SENADORA POR LEÓN. VICEPRESIDENTA PRIMERA DE LAS COMISIÓN DE INDUSTRIA EN EL SENADO Y ALCALDESA DE VILLABLINO (LEÓN)

"Serán necesarios dos o tres años para un ajuste tarifario completo"

Ana Luisa Durán Fraguas (Ponferrada, 1959), senadora por León y Vicepresidenta de la Comisión de Industria compatibiliza su actividad en Madrid con los ‘rigores’ de la política municipal, como Alcaldesa de Villablino desde las ultimas elecciones municipales, uno de los principales reductos que quedan de la minería en España, en la cuenca carbonífera limítrofe entre León y Asturias.

En esta entrevista, de la que hoy les ofrecemos su primera parte, hacemos un repaso de la actualidad del sector energético español.

ENERGIA DIARIO    MADRID  10 · 11 · 2008

Tenemos esta entrevista en su despacho en el Ayuntamiento de Villablino, unos días antes de que comience, probablemente uno de los momentos históricos para el sector energético español, la última fase de la liberalización y la necesidad de abordar políticamente el déficit de las tarifas eléctricas, en estos momentos, galopante. En esta entrevista repasa la actualidad y el pasado más cercano del sector energético español.

PREGUNTA. Para comenzar, queremos conocer su opinión sobre las posibilidades y políticas a seguir para acabar con el déficit tarifario, en el marco de la transición a la liberalización completa que establece la Unión Europea.

RESPUESTA. Hace un tiempo hubo una moción en la Comisión de Industria del Senado sobre la modificación de tarifas eléctricas, cuyo punto de partida era proponer que las tarifas se matuvieran como como estaban. Como era lógico salió en el debate el tema del déficit tarifario. Al hilo de esta moción, acabé haciendo una reflexión sobre la importancia de no subvencionar la energía desde el punto de vista del miedo a abordar su ajuste con la realidad. Esa postura sólo favorece a los que más tienen y a los que más consumen, que en definitiva, son los que más gastan y que, por tanto, son los que mejor hubieran podido sufragar este ‘déficit de tarifa’ durante estos años.

En mi opinión, desde la actual Administración el problema se está enfocando de una manera adecuada, aunque se va a tardar cierto tiempo en resolverse completamente, dado que lo razonable es articular un régimen de transitoriedad. Y, le puedo asegurar, que tanto el gobierno como la oposición, aunque no lo diga claramente, sabe que es un problema que no se puede prolongar en el tiempo. No se puede, ni se debe seguir endeudando a generaciones futuras, porque al final alguien tendrá que pagar el montante de este déficit que hemos generado en los últimos años.

Este hecho se agrava si tenemos en cuenta que la crisis que ha afectado a los mercados financieros, ha incidido en que en las dos últimas subastas de déficit tarifario fueran declaradas desiertas o se colocase muy poco de este activo…

Efectivamente, la situación actual del déficit de tarifa se ha visto agravada por las dificultades en la colocación de este activo, principalmente derivada de los problemas en los mercados financieros. Pero, no tenemos que olvidar que el volumen del déficit ha alcanzado unas cotas desorbitadas (la cifra total es cercana a los 13.000 millones de euros). Por eso es impensable ir más allá.

En este sentido, creo que se está haciendo una política adecuada para solucionar este problema, sin olvidar que no es un problema de fácil resolución y que va a requerir esfuerzos por parte de todos. Particularmente es interesnate la línea que apunta continuamente el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en torno a lo que son las políticas de ahorro y eficiencia energética. Hay que “enseñar” a los ciudadanos que la energía es un bien escaso, que es caro y que, además, es un bien que hay que utilizar de una manera adecuada y racional. No podemos seguir despilfarrando energía.

PREGUNTA. Además de la política de eficiencia energética, un elemento clave es estipular que los precios de la energía sean acordes con la realidad de sus costes y de la relación oferta y demanda, sobre todo en un país en el que no tenemos energía propia y nos vemos abocados a exportar fuentes energéticas.

RESPUESTA. España tiene un problema de dependencia energética, eso es evidente y también es preciso que se pague por la energía lo que cuesta en realidad, cuestión que desde hace años no es así. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que la tarifa eléctrica cada vez absorba más conceptos que lo que es el suministro eléctrico. Por ejemplo, en una reciente comparecencia en el Senado del secretario general de Energía, Pedro Marín, se habló del déficit tarifario y también de las primas a la energía solar, con motivo del nuevo Real Decreto de energía solar fotovoltaica, cuando había una demanda importante de elevación de las mismas. En este caso, a mi juicio, Marín también llamaba a la sensatez y hacía una reflexión sobre la forma en que se financian las primas a estas energías, dado que también se integran en el déficit de tarifa que ahora tenemos. De eso, hasta el momento tampoco se ha sido consciente.

PREGUNTA. En el momento actual existe un debate sobre si las primas a las energías renovables deben ir contra los Presupuestos Generales del Estado y ser financiados por el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto de Sociedades, o bien deben mantenerse, dentro de la tarifa eléctrica, como parte del proceso de que el ajuste tarifario sea menor.

RESPUESTA. A título personal soy partidaria de que las primas a las energías renovables se mantengan dentro de la tarifa, me parece que es lo mejor para el sistema. No obstante, hoy no le puedo asegurar cual será la conformación definitiva de la tarifa y sus componentes.

PREGUNTA. Desde el punto de vista del proceso de liberalización al que estamos abocados el próximo 1 de enero, surge como nudo gordiano la fijación de una tarifa de último recurso para aquellos consumidores que no elijan un comercializador de energía. ¿cómo se debe articular esta tarifa y cuáles deben ser sus fines?

RESPUESTA. Respecto a esta cuestión yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, como con el secretario general de Energía, Pedro Marín. La tarifa de último recurso tendría que cumplir una doble función. Una primera, sería social, a la vez que debería permitir que se complete el proceso de liberalización y, una segunda que establezca ofertas competitivas entre los comercializadores. Creo que, aunque aún está por definir cómo se llevará a cabo finalmente, acertaremos con la idea que subyace detrás de este proceso, si logramos equilibrar estas dos funciones del marco tarifario y de precios futuro.

PREGUNTA. La clave puede estar en cómo articular los plazos de este proceso de liberalización y cómo llegar a un acuerdo para ir elevando esa tarifa de manera razonable…

RESPUESTA. Lo que está claro es que de aquí a enero no va a ser posible, no es probable, ni deseable, un ajuste duro y dramático. Calculo que, como mínimo, serán necesarios dos o tres años para poder instaurar estas nuevas tarifas y ajustar la diferencia tarifaria actual. Si en ese periodo tenemos el problema enfocado, creo que habremos hecho un buen trabajo. Habría que sacar la tarifa del debate político, tarea nada fácil, puesto que hasta el momento ha dado mucho juego en el marco de la controversia política, puesto que es un tema que concita y atrae mucha atención.

Recuerdo como la moción en el Senado sobre las tarifas eléctricas tuvo una gran repercusión, cuando lo normal es que este tipo de cuestiones no se sigan con demasiado interés. En esa ocasión, se podía comprobar como desde la oposición se estaban realizando críticas sin argumentos sólidos de base, porque hay que reconocer que demagógicamente es un asunto muy jugoso. Soy optimista y creo que llegaremos a un acuerdo razonable en esta materia.

PREGUNTA. La operación por la que Gas Natural quiere adquirir Unión Fenosa ha puesto de manifiesto un problema de corte institucional, al poner sobre la mesa las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Tras la sentencia del Tribunal Europeo sobre la revisión de la función 14 en la que se elimina la ampliación de poderes de la CNE, ¿cómo cree que se deberían articular las revisiones de estas operaciones en el sector energético?

RESPUESTA. Cuando se produce la ampliación de funciones de este regulador, hoy derogadas por la jurisdicción europea, las posiciones políticas eran abiertamente contrarias y existía un enfrentamiento político de primera magnitud. Ahora nos encontramos con un momento en que sería precioso conseguir un consenso para estabilizar el papel del organismo y la actuación desde la Administración española ante este tipo de operaciones. A mi juicio, la CNE tiene que mantener un papel en la supervisión de las mismas, por lo que parece más razonable que se pudiera volver a una situación muy cercana a la anterior a la ampliación de funciones que, además no estar cuestionada por el ordenamiento europeo, constituía una vía de supervisión de estas operaciones dentro de lo razonable.

PREGUNTA. La polémica sobre la ampliación de poderes de la CNE junto a la demora a la hora de sustituir a los consejeros que tienen su puesto vencido desde el pasado mes de abril, ¿no plantea, realmente, la posibilidad de que se realice una revisión del organismo, más allá del hecho de cambiar a los consejeros?

RESPUESTA. La situación actual del organismo, efectivamente, plantea una revisión completa del mismo. Es necesario y hace falta abordar esa reforma orgánica y operativa de la CNE, como estoy de acuerdo, en la necesidad de mejorar el funcionamiento de los órganos reguladores, de forma que se pueda articular un funcionamiento serio y riguroso, que en este caso debe jugar un papel fundamental en el sector energético. Este tipo de organismos debe tener un papel muy relevante y, es preciso, que sus integrantes sean independientes, de prestigio. Creo que se debe realizar una reformulación del mismo en un momento en que el entorno de negociación política entre grupos y partidos lo haga posible.

PREGUNTA. Desde la CNE también se han emitido informes en los que se insta a cambiar las reglas del funcionamiento del sector eléctrico, sobre todo, afectando a determinadas tecnologías, yendo a modelos que serían de costes reconocidos y que alterarían el funcionamiento del mercado, e incluso, al modelo de liberalización. Esto supone, como dijo el secretario general de Energía, que habría que cambiar la ley del sector eléctrico. ¿Alguna reflexión sobre este asunto?

Simplemente, un apunte. Tanto el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, como el Secretaría General de Energía Pedro Marín, se han referido a esta cuestión en alguna ocasión y no están cerrados a reflexionar sobre cualquier tema referido al funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Incluso, en el Senado se ha planteado una moción al respecto, en lo que concierne al funcionamiento del sector eléctrico. En todo caso, hay un marco legislativo vigente, así como, el propio contexto fijado en las Directivas Europeas sitúa esta posible reflexión en un contexto muy delimitado.

PREGUNTA. Sobre la ley de sector eléctrico, en la cual se incluye el cambio del transportista único, en este caso Red Eléctrica de España (REE), existe una consideración más técnica que funcional, que son las redes de alta tensión o la puerta que se deja abierta para que diversos tramos de distribución pasen a las distribuidoras en función del informe de las Comunidades Autónomas y de la CNE. En este sentido, la CNE tiene hasta el momento una parada en cuanto a los procesos de decisión, debido a que hasta el momento no se ha dotado de criterios a la hora de distinguir lo que es distribución, de lo que es transporte. ¿Cómo valora esta situación?

RESPUESTA. Es una situación complicada. Se va a tardar en resolver el problema que plantea la cuestión que me indica y que recientemente se ha conocido publicamente. Pero este problema no sólo se refleja en el colapso de la CNE, sino también en la existencia de un fuerte escepticismo, no por parte de los grandes distribuidores, sino por todas las comercializadoras y distribuidoras de un tamaño más pequeño, sobre el futuro de la actividad.

PREGUNTA. ¿Fue una buena decisión hacer transportista único y remonopolizar a REE en torno a la actividad de transporte, por la vía de una definición de las redes como la que se ha realizado? Sobre todo, y usted es una responsable de la Administración Local, con los importantes problema de coordinación que ha planteado esta cuestión en determinadas ciudades.

RESPUESTA. En mi opinión no fue una buena decisión. En la actualidad existen demasiados conflictos entre las autoridades locales, los distribuidores y REE. La decisión del permiso de determinados tramos a las distribuidoras puede ser una manera de salvarlo, pero veremos si eso no genera más problemas de los que pretende evitar. Desde luego, espero que esa decisión sirva para solucionar problemas.

PREGUNTA. El Presidente del Gobierno, en su momento, cuando presentó el primer paquete de medidas anticrisis el pasado junio, hablaba de la resolución de determinados procesos que entorpecían o están siendo muy lentos en el funcionamiento de la Administración General del Estado como en el caso de los informes medioambientales para determinadas inversiones energéticas o el hecho de que desde la CNE en estos momentos estén paradas las respuestas a las distribuidoras en la calificación de determinados tramos de 220 kV como distribución. ¿Cree que se está asumiendo este compromiso del presidente del Gobierno de mejorar la propia administración para ser más ágiles?

RESPUESTA. Esta cuestión es un empeño personal del Presidente del Gobierno que quiere tener una Administración mucho más ágil y que comparto al cien por cien, pero tanto en la Administración General, la autonómica y la local. En lugar de ser instrumentos que ayuden a desarrollar determinadas cosas, nos paramos y es imposible seguir adelante y bloqueamos el sistema. En estos momentos, y como administración local, es una cuestión que a mi también me preocupa, la lentitud con la que se abordan determinados procesos que son interminables y que desaniman la iniciativa y la inversión.

En este sentido, el empeño del presidente del Gobierno es total y se está trabajando en ello, pero no es fácil. A nivel del sector energético, en aquellos procesos que tienen que ver con las inversiones en este sector parece que las cosas empiezan a moverse porque la sensación anterior era de enorme quietud. Ahora, la sensación de los promotores ha mejorado y se empiezan a valorar estos esfuerzos. En este sentido, hay que reconocer que estos colapsos o cuellos de botella afectan a la inversión, en la medida que hay que tener tanto pulmón económico, financiación y moral para seguir adelante, porque los retrasos pueden provocar problemas serios para el buen desarrollo de los proyectos.

Mañana segunda parte de la entrevista a Ana Luisa Durán Fraguas dónde abordamos la Prospectiva 2030, la energía nuclear, las energías renovables y el futuro del carbón.

IMAGENES


MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA S.L. - Todos los derechos reservados